El también director ejecutivo de la comisión creada por el presidente Luis Abinader para actualizar la legislación que data del 1962, escribió un artículo en la página web de Noticias RNN en el cual agrega que la propuesta de ley «observa respetuosamente la libertad de expresión, en su más genuina acepción, el derecho a decir lo que molesta«
«Dentro de los principales avances que trae el proyecto de ley está el hecho de que en su cuerpo normativo no figuran sanciones penales contra los ciudadanos por la difusión de sus ideas y opiniones, indistintamente de si la plataforma de comunicación que se utiliza es convencional o digital».
Expresa que «la pieza no califica que contenidos son falsos o verdaderos«, sino que regula a operadores como Facebook e Instagram que tendrán obligaciones técnicas de transparentar sus políticas de restricción de contenido. «Es decir, garantiza la expresión libre de las ideas sin cortapisas, protege los derechos de los usuarios de las plataformas digitales y reivindica el régimen de responsabilidad jurídica«.
A la vez que «se ha tenido el cuidado de consignar la garantía a dichas plataformas digitales para que no asuman responsabilidad por los contenidos emitidos por terceros«.
Por esa razón entiende que la legislación «es un enorme avance para la legislación dominicana«,ya que la misma se acoge a los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las directrices de gobernanza de plataformas digitales de la organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO).
INACOM no podrá eliminar contenido
Rodríguez aclara que «no existe en el proyecto de ley sometido al Congreso ninguna disposición que otorgue potestad al Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) para eliminar contenidos en plataformas digitales, ni obligar a los medios de comunicación a “colaborar” con los entes estatales«.
Expresó que esta entidad es «un órgano descentralizado de la administración, cuyos integrantes serán designados por el Congreso por un período de dos años, renovable una sola vez».
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