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República Dominicana ha registrado varios episodios puntuales de agresiones físicas contra periodistas que, aun bajo un clima estable para la libertad de prensa, sin evidencias de censura directa ni de regulaciones coercitivas, no pasar desapercibidos.Durante el último trimestre del 2025 y el primer cuatrimestre de 2026,
Es lo que fundamenta el informe presentado en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), redactado por el director del Listín Diario, Miguel Franjul, quien es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa para el país.
Al destacar que los incidentes “interfirieron en el desempeño de la actividad periodística”, se menciona a las periodistas María Tejeda, de noticias CDN, y Natalia Estrella, de Teleuniverso, ocurrido en diciembre, quienes fueron agredidas por personal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
El suceso tuvo lugar cuando cubrían un operativo de distribución de agua al público en uno de los sectores afectados por la ruptura de tuberías que dejó a la población sin servicio durante varias semanas.
Otro hecho ocurrió el tercer mes de 2026: un oficial de la Policía Nacional rastrilló su arma apuntándola contra un grupo de reporteros al mismo tiempo que otros agentes utilizaron gas pimienta para impedir la cobertura de un operativo de arresto en Santo Domingo Este a causa de una maestra acusada de agredir a un menor en una guardería.
Familiares de la docente también fueron señalados de participar en la agresión.
Las periodistas Ana Laura López, de De Último Minuto, y Jessica Hernández, de la Red Nacional de Noticias, resultaron golpeadas y heridas, llamando la atención del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), quienes condenaron la acción.
Durante ese mismo mes, los periodistas Ramón Miguel Gutiérrez López y Joan Santana fueron sometidos a arresto preventivo al ser acusados de los delitos de injuria y difamación contra el exdirector de la Policía, mayor general (r) Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Esto se debió a que difundieron una auditoría que presuntamente le atribuía irregularidades por 441 millones de pesos dominicanos (alrededor de USD 7.5 millones) en compras, pagos y contrataciones durante su gestión en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett).
Subrayaron que los episodios ocurrieron dentro del marco de la reforma a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, la cual se mantiene en espera de un consenso por parte del Congreso Nacional.
La iniciativa busca ampliar las garantías para el ejercicio del periodismo, aunque enfrenta resistencias por la creación del Instituto Nacional de la Comunicación, considerado como un mecanismo de control para algunos sectores.
La reforma es impulsada por el Poder Ejecutivo y elaborada con la participación de representantes de gremios periodísticos, como la Sociedad Dominicana de Diarios, el CDP y organizaciones de la sociedad civil.
Pese a ello, es importante rescatar que las variables reconocidas por el Índice de Chapultepec de la SIP le confieren una puntuación del 82.17, considerada como una de las mayores puntuaciones en respeto a la libertad de prensa sin mostrar variaciones significativas y en comparación con otros países de la región.
Haití
En la vecina nación, el mismo documento redacta que el panorama de la libertad de prensa se sigue deteriorando con las restricciones legislativas, represalias promovidas por el Estado y actos de violencia extrema por parte del crimen organizado.
“Partiendo de un clima preexistente de anarquía, presión administrativa selectiva e impunidad crónica, el período actual revela una alarmante escalada en las amenazas sistémicas contra la independencia periodística y el derecho a la libertad de expresión”, señaló el informe.
Mencionaron que las modificaciones restrictivas del gobierno a las leyes de acceso a la información pública, intimidación y persecución a los reporteros y discriminación a los medios independientes son causa de preocupación constante, además de la violencia constante de las pandillas armadas.
“El nivel de impunidad sigue siendo excepcionalmente alto, y la mayoría de los crímenes contra la prensa quedan sin procesamiento judicial. En consecuencia, la proliferación desenfrenada de pandillas armadas ha transformado vastas extensiones del país en "zonas rojas" inaccesibles para los periodistas, provocando la rápida creación de "desiertos informativos" donde la cobertura independiente resulta imposible", concluyeron.
Contexto regional
El panorama presentado en la isla no difiere mucho del contexto regional latinoamericano donde, según la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, se presenta un retroceso sostenido ante la creciente reconfiguración del poder junto con un entorno digital calificado de hostil y caracterizado por la vigilancia, campañas de descrédito y desinformación impulsada desde el Estado y la violencia digital.
“Diversos gobiernos continúan ejerciendo censura previa, limitando el libre flujo informativo e instrumentalizando el poder judicial para asfixiar a las voces críticas”, criticó la directiva, al tiempo que incitaba a poner fin a las agresiones, detener el acoso judicial, garantizar la neutralidad y transparencia de los recursos estatales junto con el cese a la estigmatización y hostilidad.
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