En estos países, socios en la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), existe el temor a que se produzcan dolorosas lesiones a la integridad nacional, un sentimiento que ya ha evocado las fibras del patriotismo dominicano.
Mientras las administraciones de este cuarteto intentan convencer a sus ciudadanos de que aplicarán un blindaje al pacto, bajo el pretexto de “seguridad nacional” y "estabilidad estratégica", en las calles y la opinión pública se ha levantado con fuerza un grito popular que reclama protección a la soberanía y vigilancia de los derechos humanos.
Para nadie es secreto que el debate nacional sobre este tema entró en la profundidad de lo político, puesto sobre el tapete y cada vez, con mayor firmeza y dureza, analistas y sectores civiles se inquietan por saber si la región, el país incluido, camina hacia la subordinación, haciendo de “peón” de Estados Unidos en el hemisferio.
Tras la firma de esos acuerdos se ha encontrado que la reacción popular en Panamá, Costa Rica y Ecuador ha sido diversa, moviéndose entre el alivio por el control de la seguridad y una profunda preocupación por la soberanía y los derechos humanos.
Una lectura de las reacciones recogidas por medios de prensa nacionales e internacionales en estos países, tras la firmas de los pactos migratorios, queda patente que los gobiernos de los países firmantes tienen un serio problema para lograr convencer a sus ciudadanos de la factibilidad de sus decisiones.
Costa Rica, que acordó recibir hasta 25 migrantes deportados de diversas nacionalidades por semana desde EE. UU., para procesar su retorno, ha sido el país con la reacción más inmediata y parecida a la dominicana, ya que firmó un acuerdo análogo en marzo de este 2026.
La reacción interna allí ha sido de fuerte polarización. Así, mientras el Gobierno defiende el pacto como una muestra de ser un "aliado estratégico", sindicatos policiales y grupos de derechos humanos han cuestionado la falta de recursos operativos para gestionar estos flujos.
Los medios costarricenses ven el acuerdo dominicano como una validación de la estrategia de su propio gobierno, consolidando un bloque de países "receptores de tránsito" en el Caribe y Centroamérica.
Por su lado, Panamá observa el acuerdo dominicano desde una perspectiva de seguridad nacional, tras haber logrado hitos históricos en la reducción del flujo por el Tapón del Darién a inicios de 2026.
La administración panameña, que ya tiene su propio memorando con Estados Unidos para vuelos de repatriación financiados por Washington, ve con buenos ojos que otros países de la región asuman cuotas de responsabilidad en el procesamiento de migrantes.
Panamá recibió recientemente lanchas interceptoras y apoyo tecnológico de Estados Unidos. Para ese país, el pacto de República Dominicana ayuda a "aliviar" la presión migratoria que sube desde el sur, al ofrecer alternativas de retorno antes de que los migrantes se reinserten en rutas irregulares.
Bajo el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ha mantenido una postura de acercamiento en hechos hacia República Dominicana. Durante este mayo de 2026, ambos países están negociando un Acuerdo Comercial Parcial. Por esto, ha sido más que claro el motivo de la reacción oficial ecuatoriana al tema migratorio, dándole un sólido respaldo diplomático.
Aunque Ecuador no ha firmado un acuerdo de "tránsito de deportados" tan explícito como el dominicano o costarricense, los medios locales destacan que Noboa busca consolidar al gobierno de Abinader como su aliado clave para la estabilidad regional.
En todos los casos, como el dominicano, el panameño y el costarricense, Estados Unidos cubre el 100% de los costos, lo que es visto por sus gobiernos como una forma de fortalecer sus agencias de migración sin afectar el presupuesto nacional.
Analistas de estos países sostienen que al aceptar estos memorandos, los cuatro suscribientes con Estados Unidos se diferencian de regímenes menos cooperativos en la región, obteniendo a cambio beneficios como la inclusión en el programa Global Entry, como República Dominicana, o inversiones en infraestructura.
El gran debate en los medios de Panamá, Costa Rica y Ecuador, y ya en "boca del pueblo" dominicano, es si estos países se están convirtiendo en "países terceros seguros", de hecho.
Los gobiernos, como el dominicano, insisten en que la presencia de deportados aquí será "tránsito temporal", mientras que la oposición política en los otros tres países también advierte sobre posibles riesgos a la soberanía.
A más de desconocerse por qué los deportados no serán enviados directamente a sus países de origen, tampoco se sabe qué tiempo abarcará su estadía temporal, dónde estarán alojados, qué reglas disciplinarias deberán seguir.
Mientras, la reacción popular en esos tres países ha sido diversa. Por un lado, con un alivio por el control de la seguridad y una profunda preocupación por la soberanía y los derechos humanos.
Las posturas del gobierno y los detalles del debate que rodea a este memorando, explicada por el canciller Roberto Álvarez en conferencias de prensa y en un video institucional, detalla el carácter no vinculante y temporal del acuerdo.
Tratando de calmar a la opinión pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha explicado que el pacto no aplica para haitianos, no se admitirá a personas con historial delictivo y quedan "totalmente excluidos" los menores de edad no acompañados.
Tampoco convierte al país en receptor permanente de refugiados, los migrantes en tránsito no ingresarán al sistema migratorio dominicano ni podrán solicitar refugio aquí y que cada caso ya perfil serán evaluados y autorizados por las autoridades dominicanas antes de pisar el territorio.
Establece que la llegada de deportados será en condición de tránsito controlado y temporal, no de asentamiento, para ciudadanos de terceros países que hayan sido deportados desde los Estados Unidos.
Las personas trasladadas permanecerán en suelo dominicano solo por cuestión de días mientras se coordinan los vuelos y la logística para devolverlos a sus países de origen.
El oficialismo defiende que no es jurídicamente vinculante y que puede ser cancelado unilateralmente por cualquiera de las dos partes, en cualquier momento. Por esto, el Gobierno argumenta que no requiere aprobación del Congreso ni del Tribunal Constitucional.
Contrario a esto, sectores civiles, de oposición y analistas geopolíticos denuncian falta de transparencia, al no haber sido consultados previamente en el Congreso, y alertan sobre la presión logística, los costos operativos y el riesgo de subordinar la soberanía nacional a la agenda de los Estados Unidos.
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