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El 'príncipe de la salsa' Luis Enrique, conocido por su éxito 'Yo no sé mañana', presenta este viernes 'El alma en clave', su primer disco inédito en 13 años, con la impresión de que el género y la música latina están en la cúspide, según cuenta el cantante nicaragüense en una entrevista.

El artista adelantó a EFE la noticia del lanzamiento del álbum, grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico, lo que implica su primer disco completo de salsa después de 'Jukebox' en 2013. Desde entonces, ha percibido un cambio en la apreciación del género a nivel internacional.

"Yo creo que ha cambiado positivamente. Creo que la música latina está en un primer lugar hoy día, gracias a artistas como Bad Bunny y mucha otra gente que también, desde su escenario, ha venido sembrando una semilla que ha dado mucho fruto en los últimos años", manifiesta desde Miami, donde reside.

El cantautor, que con más de 30 años de trayectoria es uno de los artistas más reconocidos de Nicaragua, considera que "la música latina, hoy por hoy, es una tendencia", pues "la escucha mucha gente alrededor del mundo, incluso sin hablar español".

"No entienden mucho, quizás, lo que dice la letra, pero la música latina, indudablemente, por su ritmo, por su cadencia, por su sabrosura, está en el gusto del público internacionalmente", resalta.

Se adapta pero fiel a su esencia

El intérprete de éxitos como 'Desesperado', 'Así es la vida', 'Tú no le amas, le temes', 'Dale un chance', 'Solo', 'No te quites la ropa', reconoce que se ha adaptado a las tendencias actuales, pero asegura que ha conservado su esencia.

El nicaragüense, quien alcanzó su mayor fama con la canción 'Yo no sé mañana' en 2009, opina que se ha mantenido vigente en el gusto del público por ser fiel a sus canciones con un "sonido muy propio, una identidad propia".

"Sí he adaptado algo de las tendencias, o de la moda o de la sonoridad actual, aplicándola a mi raíz, a lo que yo soy, porque tampoco puedo dejar de ser yo. Yo tengo que seguir defendiendo quién soy, defendiendo mi personalidad como artista e intentar desde ahí hacer cosas", comenta.

Un disco con historias sociales y de amor

’El alma en clave' contiene 11 temas, incluyendo algunos que ya había adelantado, como 'La foto', 'Ayúdame a entender', 'Dando y dando' y 'Nombre y apellido', en colaboración con el rapero De La Ghetto.

El artista hizo este álbum al "decidir que este era el momento adecuado después de haber lanzado tanto sencillo", pues había publicado varias canciones como 'La foto', nominada al Latin Grammy en 2025.

Además de Miami, el cantante grabó el álbum en Venezuela y Puerto Rico, dos lugares que "representan una enorme influencia" en su música.

Los temas del álbum los describe como "historias de amor, historias en algunos casos un tanto sociales", que hizo "esencialmente, con el deseo de, además, proponer algo, una forma muy diversa de hacer la música de salsa".

"No me estoy enfocando nada más en poner a la gente a bailar. Sí, van a bailar, evidentemente van a bailar, pero también quiero decir cosas de una manera diferente", dice.

Luis Enrique adelanta que el disco contará con una segunda parte en una edición 'deluxe', además de una edición en doble vinilo, y que hará una gira que incluye destinos como las españolas Islas Canarias, Colombia y México. EFE

 


El Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de una solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia en busca de suspender provisionalmente las restricciones impuestas por la Junta Central Electoral (JCE) a la difusión de sondeos políticos

La acción fue presentada por la organización Justicia Sin Fronteras, representada por el abogado Harrison Féliz Espinosa, ante la Secretaría del TSE, en contra del artículo décimo tercero (y sus párrafos) de la reciente Resolución núm. 14-2026, emitida por la JCE el pasado 22 de mayo.

Dicha resolución contiene el "Reglamento que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral".

En el recurso se pide a los jueces del TSE declarar buena y válida la demanda en cuanto a la forma y ordenar la suspensión provisional e inmediata de la ejecución del artículo impugnado, permitiendo de esta manera la libre circulación y publicación de encuestas de opinión con fines electorales.

Igualmente, se solicita impedir que la JCE ejecute sanciones, cancelaciones o medidas restrictivas colaterales contra firmas encuestadoras, partidos, comunicadores o medios difusores, así como disponer la ejecución provisional de la sentencia sobre minuta, no obstante cualquier recurso que se pretenda interponer en su contra.

Se espera que la Secretaría del TSE dicte el auto de fijación de audiencia para el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares.

Exceso de poder y censura previa

En el documento se califica la medida de la JCE como un "exceso de poder reglamentario", señalando que el órgano administrativo electoral instauró, mediante un simple reglamento, una prohibición general de publicación y difusión de encuestas fuera del período de precampaña; una limitación que no se encuentra contemplada en la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

De acuerdo con los accionantes, mantener la vigencia de esta prohibición genera un efecto inhibitorio inmediato y de autocensura sobre los medios de comunicación, las firmas de investigación social, los analistas y la ciudadanía en general, lesionando derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información política y el pluralismo democrático.

“La administración electoral incurrió en exceso de poder reglamentario al extender limitaciones no previstas por el legislador dominicano, el cual únicamente contempla restricciones específicas respecto del período próximo al sufragio”, argumenta el documento depositado.

Justicia sin Fronteras fundamenta la urgencia de su pedimento en el concepto jurídico del peligro por la mora procesal, alegando que la JCE se encuentra facultada de inmediato para sancionar, suspender registros o cancelar administrativamente a las empresas del sector que divulguen estudios de opinión pública.

Aduce que esto causaría un daño irreversible al debate democrático nacional mientras se conoce el fondo del recurso de nulidad principal.

Asimismo, el recurso invoca la sentencia TC/0787/24 del Tribunal Constitucional, precisando que los procesos del sistema político y electoral deben operar bajo pautas objetivas y previsibles que preserven el libre flujo de ideas como pilar del Estado de Derecho.


La entidad consideró que avanzar hacia un modelo donde el transporte de carga opere principalmente en horas de la noche y la madrugada ayudaría significativamente a mejorar la movilidad y a reducir los accidentes de tránsito.

“Coincidimos plenamente en la necesidad de avanzar hacia un modelo donde el transporte de carga opere principalmente en horario nocturno y de madrugada, como ya ocurre en otras ciudades y países con sistemas de movilidad más organizados y eficientes”, indicó el Intrant en una declaración ofrecida a este medio.

Según la institución, esta propuesta ya ha sido presentada ante asociaciones industriales, empresariales y comerciales, al considerar que ayudaría a disminuir la congestión vehicular en las horas de mayor flujo y a reducir los riesgos de siniestros viales.

Además, sostuvo que este esquema permitiría fortalecer la implementación de la Zona de Acceso Restringido (ZAR), especialmente en corredores logísticos de alta circulación. Esto garantizaría un equilibrio entre las operaciones comerciales y el derecho de la ciudadanía a una movilidad más fluida y segura.

A este respaldo se sumó el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, quien apoyó “al cien por ciento” la iniciativa y afirmó que los vehículos pesados se han convertido en un obstáculo para el tránsito y en un peligro para la ciudadanía durante el día.

Los vehículos pesados no solo se han convertido en un obstáculo que viene a poner muy pesado el tránsito en una ciudad como esta, que está saturada de vehículos, sino que también vienen a ser un peligro para la ciudadanía durante el día”, expresó.

Ante esto, Pérez Figuereo planteó que, de aplicarse la medida, los camiones podrían circular en el día únicamente por autovías, circunvalaciones y arterias principales, mientras que el acceso a las zonas más congestionadas de la ciudad debería realizarse después de las 8:00 de la noche.

Sostuvo que esta reorganización también impactaría positivamente en la reducción de accidentes de tránsito y permitiría descongestionar importantes avenidas del Gran Santo Domingo.

¿Beneficiaría esta medida a los camioneros?

El presidente de la CNTU aseguró, además, que trabajar de noche podría beneficiar a los camioneros, ya que tendrían menos estrés, pasarían menos tiempo en los tapones y tendrían mayor disponibilidad para compartir con sus familias durante el día.

El dirigente alegó que, actualmente, los choferes no pasan mucho tiempo con sus familias debido a que cumplen horarios que van, en su mayoría, desde las 4:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Por ello, reiteró que la medida sería un alivio para el sector.

A estos camioneros les va a ir mucho mejor porque se adoptaría un tercer turno. El camionero que trabaja en la noche no va a trabajar en el día, y van a poder disfrutar, ir a la playa y estar más tiempo con su familia”, concluyó Pérez Figuereo.

 

Un motoconchista roza con su motocicleta, mientras venía en sentido contrario, a un camión. Acto seguido, cae y queda rezagado en el pavimento caliente alegando dolor. Unos segundos después, el resto de sus compañeros rodeaban el camión y causaban una congestión vehicular frente a la estación del metro Centro de los Héroes.

Aunque en este hecho, aparentemente, no hubo heridos de gravedad o situaciones riesgosas que afectaron la integridad del conductor del camión, sí expuso lo que usuarios frecuentes de esa estación del Metro se vienen preguntando desde hace cerca de un mes: ¿Qué hace esa parada de motoconcho ahí?

La repentina aparición de más de 10 motoconchistas, identificados con los chalecos “MOHUDA” y “UNIMODIN”, ocupando un largo tramo de la calle frente a la estación, y junto a un letrero de “No Pasajeros”, no es casualidad, según afirmaron personas que frecuentan la zona.

Ocurrió poco después de la inauguración del Corredor Independencia. Transeúntes consultados confirmaron que, ante la desaparición de los carros públicos de un día para el otro, los motoristas fueron tanteando el terreno hasta que finalmente se establecieron en el espacio donde diariamente interfieren con el correcto desplazamiento, tanto peatonal como vehicular, sin que las autoridades intervengan.

Esta escena se repite en varias zonas de la capital dominicana, donde las motocicletas dominan el parque vehicular, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (Dgii). A febrero de 2026, en el Distrito Nacional había registradas unas 841,647. Mientras que para abril de 2026, en el país había 3,954,053 motocicletas circulando. Sin embargo, sólo poco más de 11 mil personas poseen licencia legal para conducirlas, como indican datos del Intrant de 2025.

Ante esta realidad, surge una nueva interrogante: ¿quién autoriza la colocación de una parada de motoconchos?

Autorizaciones y registro

A través de tres solicitudes de libre acceso a la información pública, preguntamos a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre alguna lista, registro o documentos en términos generales que contengan las paradas de motoconcho autorizadas o registradas, al menos en primera instancia en la capital.

Estas dos instituciones, según la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, tienen a su cargo la responsabilidad compartida de regular el transporte de motocicletas.

Así lo manda el artículo 75: “El transporte en motocicletas será regulado por el Intrant, en coordinación con los ayuntamientos, y operará conforme a las disposiciones relativas al tránsito y la seguridad vial, establecidas en la presente ley y sus reglamentos”.

Para operar (conchar) es necesario, según la ley, tener una autorización y “licencia de operación” que otorgan ambas entidades en coordinación. Sumado a eso, la legislación también manda que exista un “registro municipal de motocicletas”, el cual, como su nombre lo indica, es responsabilidad del ayuntamiento donde esté colocada la parada de motoconcho.

“Eso no existe aquí. Le pregunté al encargado del Departamento de Tránsito y Movilidad Urbana y me confirmó que no hay eso”, informó una fuente dentro de la Alcaldía del Distrito Nacional al consultarle sobre el registro o manejo con los motoconchos.

El comentario desde dentro del ayuntamiento surge luego de que la Oficina de Acceso a la Información Pública de esa entidad rechazó responder a nuestra solicitud y la redirigió al Intrant para que sean estos quienes se responsabilicen de la respuesta.

Unos 14 días laborables pasaron para que al final el Intrant respondiera nuestra larga solicitud con un párrafo de cuatro líneas.

“En ese sentido, acogiendo el pedimento que nos plantea vía el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), cortésmente procedemos a informarle la respuesta suministrada por la Dirección de Transporte de Pasajeros, la cual indica que en la misma se establece que, según la ley vigente, el registro de dicha información corresponde a los ayuntamientos”, cita el documento.

En pocas palabras, la pelota caliente se la lanzaron entre ellos, alegando que la responsabilidad era de la otra institución y dando a entender que, en la práctica, la ‘responsabilidad compartida’ que manda la ley no aplica para ellos.

Sin embargo, en septiembre de 2025, el Intrant tuvo una respuesta diferente a un planteamiento muy similar al realizado recientemente. En ese momento, se le solicitó también información sobre las paradas de motores o motoconchos en el Gran Santo Domingo durante un período de tiempo (2020-2025), teniendo un desenlace parecido, pero con una explicación más extendida.

En su respuesta, el Intrant indicó que “actualmente la información requerida se encuentra en un proceso de revisión y validación interna, lo cual forma parte de los mecanismos establecidos para garantizar la exactitud, coherencia y pertinencia de los datos antes de su difusión”, sumado a otros párrafos donde, tras una larga justificación, se puede finalmente extraer de sus palabras que están en una fase de “levantamiento e identificación”.

Esta respuesta difiere de la recibida hace unas pocas semanas, en la que el Intrant simplemente se limitó a señalar a la Alcaldía del Distrito Nacional como el ente responsable de toda acción relacionada con los motoconchistas.

Contradicciones

A pesar de las dos respuestas en las que el Intrant y la Alcaldía dan a entender que no manejan actualmente ningún tipo de información pública para compartir sobre la regulación de las paradas de motocicletas, las memorias institucionales del Intrant dicen lo contrario.

Al revisar la de 2025 alojada en su página web, existe un apartado sobre lo que hizo el Departamento de Licencias de Operación de Motocicletas.

Allí se especifica que en ese año 2025 fueron recibidas cientos de solicitudes para registrar paradas de mototaxis, actualizar miembros de algunas ya existentes y hasta un censo a más de 200 áreas de trabajo de motoconchistas en distintas provincias, incluido el Distrito Nacional.

La memoria también específica que les fueron entregadas compensaciones a “mototaxistas” que operaban próximos a las zonas donde se construyeron las nuevas paradas del Metro y del Teleférico en Los Alcarrizos y tuvieron acceso también a capacitaciones en distintas zonas del país.

Infografía con todos los números

La aparente falta de regulaciones actuales no significa la no existencia de antecedentes que sirvieron de prueba y error y que pueden ser utilizados para coordinar nuevas acciones de cara al futuro.

Uno de ellos fue el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, iniciado en junio de 2021 y descontinuado en 2023, cuyo objetivo principal era identificar, censar y regularizar la inmensa cantidad de motocicletas que circulaban en el país, tanto por temas de seguridad vial como de seguridad ciudadana.

El propio Intrant también ese mismo año, según sus memorias institucionales, delineó un protocolo viable para abordar la regulación, estableciendo la necesidad de ejecutar acciones de reordenamiento en la vía pública mediante trabajos coordinados con los departamentos de Tránsito Municipal y de Defensoría y Uso de Espacios Públicos de los ayuntamientos.

Desde la perspectiva de la planificación urbana, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo ofrece también soluciones. En lugar de plantear la erradicación de este medio de transporte, los especialistas en movilidad proponen integrarlo al sistema formal como un servicio alimentador o de "última milla".

Para lograrlo de forma segura, indicaron en el documento que la estrategia consiste en habilitar “infraestructuras de transferencia intermodal” exclusivas y bien señalizadas en el entorno de las estaciones masivas, como la del Centro de los Héroes.

“Esta delimitación física del espacio previene la ocupación espontánea de aceras y carriles, reduciendo la fricción vehicular y protegiendo la integridad física de los peatones”, explica.

La viabilidad de estas medidas se sustenta en experiencias internacionales que ya han generado resultados positivos en la región. Informes técnicos sobre la seguridad vial en América Latina, respaldados por la Asociación Española de la Carretera, destacan regulaciones, como las implementadas en Brasil, para las actividades de los mototaxis. En este país se utilizó un esquema donde se establecieron normas de fiscalización directa y requisitos administrativos claros para operar, lo que derivó en una mejoría en el orden vial.

La problemática de las paradas de motoconcho representa una oportunidad para transformar el desorden actual en un modelo de movilidad eficiente. La evasión de responsabilidades institucionales representa el primer paso a dar para provocar una mejoría en la regulación, fiscalización y organización de este sector.



La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional sentenció este jueves al comunicador Ángel Martínez a seis meses de prisión y al pago de RD$10 millones por difamación e injuria contra la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

La jueza Clara Luz Almonte estableció que las publicaciones del imputado constituyeron una campaña sistemática de descrédito, con lenguaje burlón e imágenes manipuladas, que violentaron la dignidad de la exfuncionaria.

La demanda, presentada en enero de 2025, fue sustentada por un equipo de abogados encabezado por Amauris Vásquez Disla y Mariela Santos Jiménez, quienes denunciaron la difusión de contenidos falsos en redes sociales.

El tribunal ordenó que la indemnización sea destinada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), en respuesta a la solicitud de la querellante.

La condena se suma a otros procesos abiertos contra Martínez, incluido el fallo reciente de tres meses suspendidos y RD$2 millones por difamación contra el diputado Sergio Moya, y la querella en curso de la ministra Faride Raful.

 


El Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció un incremento salarial de un 30% para jueces y puestos administrativos, así como reajustes de entre un 35% y un 50% para el personal de apoyo jurisdiccional.

El aumento, que representa la indexación más significativa para la judicatura desde el año 2017, se aplicará de manera escalonada entre 2026 y 2027, tras un acuerdo técnico alcanzado con los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo.

Los aumentos para los magistrados y administrativos se distribuirán en un 20% para el presente año 2026 y un 10% para 2027. En el caso del personal de apoyo, que incluye a secretarias, abogados ayudantes y oficinistas, los ajustes superiores de hasta el 50% dependerán del puesto y la instancia correspondiente.

La disposición se formalizó durante una reunión encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del CPJ, Henry Molina, junto a representantes de asociaciones de jueces y servidores judiciales. En el encuentro, las autoridades instruyeron además el pago inmediato y retroactivo a mayo de las compensaciones pendientes por suplencia de jueces.

Como parte de las acciones para reducir la interinidad, el órgano de gobierno judicial aprobó 144 acciones de personal para cubrir vacantes en los tribunales y dispuso la fijación inmediata, sin período probatorio, de los servidores interinos que acumulen seis meses o más de antigüedad. Asimismo, avaló 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces en cumplimiento de la Ley de Carrera Judicial.

Finalmente, el CPJ aprobó la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa dentro del Plan Justicia del Futuro 2034, ordenando la constitución de mesas departamentales en un plazo de 15 días para evaluar las necesidades de cada demarcación. La institución informó que en los próximos 90 días presentará los ajustes correspondientes al Plan Presupuestal y al Plan Operativo Anual (POA) para sustentar la viabilidad de las medidas.

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