La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, encabezada por el abogado Eduardo Núñez, presentó este viernes ante el tribunal un incidente solicitando la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, conforme a lo dispuesto en la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.
El planteamiento sostiene que el proceso penal se inició en noviembre de 2020, cuando se produjo la primera afectación real a los derechos fundamentales del imputado.
Esa afectación se materializó el 22 de noviembre de 2020, con la imposición de una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial, y se consolidó, en todo caso, el 5 de febrero de 2021, con la primera citación a interrogatorio ante el Ministerio Público.
Desde cualquiera de esos momentos, han transcurrido más de cinco años, y el proceso permanece aún en la etapa preliminar, señala.
Según la defensa, este criterio sobre el inicio del cómputo del plazo ha sido reiteradamente establecido por el Tribunal Constitucional, que ha señalado de forma consistente que el plazo máximo del proceso debe contarse desde la afectación efectiva de los derechos fundamentales del imputado.
El incidente cita diversos precedentes constitucionales que consolidan esta interpretación como doctrina vinculante para los tribunales ordinarios.
Los abogados de la defensa presentaron un conjunto de evidencias contundentes que respaldan de forma inequívoca sus argumentos, incluyendo documentos oficiales, actuaciones procesales y jurisprudencia constitucional vinculante.
Entre las pruebas aportadas figura la evidencia documental que demuestra la existencia de una alerta migratoria o impedimento de salida del país realizada en noviembre de 2020 sin orden judicial, la cual acredita la fecha real de inicio del proceso y confirma que, más de cinco años después, el caso permanece aún en la etapa preliminar.
La defensa subrayó además que, más allá del debate procesal, los hechos imputados carecen de sustento material.
Explicó que la acusación se apoya en pagos que han sido presentados como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales del Estado, debidamente registradas y documentadas.
Se trata, por un lado, de pagos por expropiaciones realizadas incluso décadas atrás, muchas de ellas ordenadas por sentencias judiciales y tasadas por órganos oficiales del propio Estado, y, por otro, de un pago interinstitucional del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas para desmontar el programa de contratistas, que nunca salió del Estado, no fue a contratistas, no se perdió y fue registrado oficialmente como reducción de deuda pública.
En ninguno de esos hechos existió decisión discrecional, daño al patrimonio del Estado ni beneficio personal, por lo que la defensa sostiene que es materialmente imposible que se hayan cometido los delitos imputados.
Otro de los aspectos centrales del planteamiento es la conducta procesal de Donald Guerrero, que ha sido intachable desde la génesis del proceso.
El imputado ha comparecido a todas las citaciones, no ha promovido incidentes dilatorios y ha colaborado de manera constante con el desarrollo del caso. Esta conducta ha sido reconocida incluso por instancias jurisdiccionales superiores, que modificaron medidas de coerción previamente impuestas al constatar la inexistencia de riesgo procesal.
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