Al pastor de la entidad religiosa, cuyo nombre ha sido reservado por abogados defensores, se le vincula al lavado de activos, a través del citado inmueble, valorado en más de 12 millones de pesos.
Durante la audiencia, el abogado José Ernesto Pérez Morales, en representación de la iglesia, sostuvo que con la incautación se viola el derecho a la libertad de culto y congregación y el principio de irretroactividad de la ley.
Argumenta que el local, ubicado en la calle Jonas Salk, en la Ciudad Universitaria, se adquirió en el 2017 por 12 millones de pesos, de los que nueve, que se alega provinieron del lavado de activos, se consiguieron a través de un préstamo.
Sostiene que no se le puede aplicar la ley de lavado porque el inmueble se adquirió antes de esa norma promulgarse.
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