La iniciativa modificaría el artículo 79 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley No. 20-23), estableciendo un plazo máximo de tres meses para informar cualquier mudanza.
El proyecto también contempla que la JCE habilite mecanismos gratuitos y accesibles para facilitar el proceso. El incumplimiento de esta obligación podría restringir la reasignación de recintos electorales y, en caso de falsedad deliberada, acarrearía sanciones conforme a la ley y al Código Penal.
Según López, la medida busca garantizar la precisión del padrón electoral y una mejor organización de los colegios electorales, especialmente en los niveles municipal y congresual.
La práctica común de mantener un domicilio distinto al centro de votación ha provocado altos niveles de abstención y desplazamientos masivos durante elecciones, particularmente en zonas fronterizas.
El proyecto fue remitido a la Comisión de JCE de la Cámara de Diputados para su estudio. El abogado y experto electoral Sergio Holguín consideró que la propuesta es perfectible, sugiriendo reforzar el carácter personal de la información y sustituir la obligatoriedad por un sistema de actualización periódica.
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