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La denuncia fue presentada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante un simposio de alto nivel sobre la crisis de seguridad en Haití.
El ministro de Defensa, Jean Michel Moïse, advirtió que, aunque Haití no fabrica armas ni municiones, su territorio está inundado de armamento pesado introducido por redes criminales transnacionales.
«Estamos enfrentando una guerra con armas que no producimos y municiones que no compramos», señaló. Agregó que la inseguridad haitiana no puede analizarse sin considerar este flujo regional delictivo.
Las autoridades haitianas no negaron los problemas estructurales internos —corrupción, instituciones debilitadas, pobreza extrema— pero insistieron en que el crimen organizado internacional ha profundizado la crisis al dotar a las pandillas locales de una capacidad militar inédita.
El encuentro, auspiciado por la OEA, reunió a representantes del Caribe, funcionarios estadounidenses y expertos en seguridad regional. Gastón Schulmeister, director del Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional de la OEA, respaldó la preocupación haitiana al afirmar que «la situación supera las fronteras de Haití y exige respuestas compartidas».
Por su parte, Patrick Pélissier, ministro haitiano de Justicia y Seguridad Pública, pidió a la comunidad internacional asumir su cuota de responsabilidad y colaborar en el control del tráfico de armas hacia la isla.
La intervención haitiana busca reposicionar el foco internacional: más allá de un Estado fallido, Haití denuncia ser el punto de convergencia de una red criminal que se mueve impune por la región.
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