Con esta alza, la tarifa pasará de US$185 a US$435 por solicitud, e incluirá un nuevo cargo denominado “tarifa de integridad”, que se cobrará al momento de emitir cualquier visa de no inmigrante, como las de turismo, trabajo, estudios o intercambios. La medida entraría en vigencia el 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del año fiscal 2025.
Según detalla el resumen ejecutivo de la nueva ley de presupuesto, la tarifa podrá ser ajustada anualmente por inflación a partir del 2026 y podría incluso superar los US$250 si así lo determina el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante reglamento.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó el inminente cambio a través de un comunicado publicado el 11 de julio, señalando que en los próximos días informarán sobre la implementación de las nuevas tarifas.
La ley contempla también un posible reembolso para quienes cumplan completamente con los términos de su visa y salgan del país sin violar las condiciones de estadía o bien obtengan una extensión legal o ajuste de estatus. Sin embargo, aclara que la tarifa no podrá ser eximida ni reducida bajo ninguna circunstancia.
Además del incremento en las visas, la legislación introduce otras tarifas migratorias. Entre ellas, una cuota anual de US$100 para solicitantes de asilo político, un cargo de US$550 para quienes requieran permisos de trabajo, y una tarifa de US$500 para quienes soliciten el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Todas estas tarifas deberán abonarse junto con cualquier otro costo establecido por ley y serán destinadas al fondo general del Tesoro de los Estados Unidos, excepto aquellas que sean reembolsadas en los casos autorizados.
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