El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular que obliga a todas las empresas que contraten con el Estado a respetar los derechos de los trabajadores y cumplir con las normas laborales y de seguridad social.
El documento instruye a las instituciones contratantes a supervisar de manera activa que los proveedores garanticen la inscripción en la seguridad social, condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo, además del cumplimiento de la norma que establece que el 80% de la plantilla debe estar compuesta por trabajadores nacionales.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que una contratación pública debe estar revestida de integridad, lo que empieza por quienes hacen posible los servicios de las empresas: los trabajadores. En ese sentido, destacó que los recursos públicos deben utilizarse no solo para obras y servicios, sino también como instrumento para promover empleos formales.
De acuerdo con la circular, si una empresa incumple estas disposiciones, su contrato podrá ser cancelado de forma unilateral, con el aval de la Tesorería de la Seguridad Social o del propio Ministerio de Trabajo.
Por su parte, el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, explicó que los nuevos modelos de pliegos incluyen cláusulas que obligan a los proveedores a respetar la normativa laboral y garantizar la protección de sus empleados, como parte del fortalecimiento del sistema nacional de contrataciones.
Ambas instituciones también se comprometieron a capacitar y supervisar a los proveedores, con el fin de garantizar que las normativas sean aplicadas de manera efectiva y en beneficio de los trabajadores.
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