Desde su llegada al poder en 2020, la gestión de Abinader se ha caracterizado por destituciones, anulaciones de licitaciones y sometimientos judiciales, medidas que han puesto a prueba la firmeza del Gobierno frente a los casos de corrupción que salen a la luz en distintas instituciones.
El caso más reciente involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), bajo investigación por presunto desfalco en contratos vinculados a la adquisición de medicamentos y gestión de la atención primaria. El mandatario ordenó su sometimiento judicial, enviando así un mensaje de cero tolerancia a sus funcionarios.
Otro expediente que marcó la agenda fue el denominado “Camaleón”, que destapó un escándalo en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tras un apagón en los semáforos en agosto de 2024. El proceso llevó a prisión preventiva al exdirector Hugo Beras, acusado de corrupción administrativa.
En años anteriores, el fraude del “bolo 13” derivó en la destitución y sometimiento judicial del exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, aunque luego fue descargado por la justicia. Este caso se sumó a otros procesos que marcaron los primeros años de la gestión.
La Dirección General de Contrataciones Públicas también ha intervenido de manera activa, anulando más de 18 licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y manteniendo 25 bajo investigación. Entre las medidas adoptadas, se detuvo la compra de silbatos escolares por más de cinco millones de pesos.
En reiteradas ocasiones, Abinader ha advertido que no habrá tolerancia frente a la corrupción y que los responsables deberán responder ante la justicia, reafirmando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas como ejes centrales de su gobierno.
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