El informe, presentado por la embajadora dominicana Gilka Meléndez y representantes del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), resalta que las acciones implementadas han generado un impacto medible en el bienestar colectivo, fortaleciendo la confianza ciudadana y la institucionalidad del Estado.
Durante su presentación, el país destacó logros en distintas áreas:
- Vivienda y bienestar social: reducción del déficit habitacional cualitativo de 32.2 % en 2018 a 27.6 % en 2024, con más de 14,800 viviendas entregadas, y 2.51 millones de personas incorporadas al sistema de seguridad social.
- Crecimiento económico: aumento del PIB per cápita en 34.16 % entre 2019 y 2024 y ascenso de 33 posiciones en el Índice de Transparencia Internacional entre 2020 y 2024.
- Marco normativo: promulgación del nuevo Código Penal y la Ley de Contrataciones Públicas, incorporando tipificaciones penales y sanciones administrativas para actos de corrupción.
El informe detalló el trabajo de instituciones clave como:
- ERPP: recuperación de RD$6,300 millones y judicialización de reclamos por más de RD$136,000 millones.
- Dirección General de Aduanas: incautación de 36,922 kilogramos de drogas en 2025, 4.8 millones de municiones y 175.8 millones de cigarrillos de contrabando; certificación ISO 37001 antisoborno.
- PROCOMPETENCIA: sanción del primer caso histórico de colusión y creación del Observatorio de Competencia en Compras Públicas.
- DGCP: emisión de más de 112,000 alertas preventivas, cancelación de 517 procesos sospechosos y protección de RD$43,000 millones.
- Poder Judicial: digitalización de procesos y reducción del tiempo de resolución de recursos de casación de 2 años a 27 días.
- UAF: fortalecimiento en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, participación en GAFILAT y el Grupo Egmont.
Además, el informe destaca la Reforma Constitucional de 2024, que limita a dos períodos la presidencia, y la reciente elección de miembros de la Cámara de Cuentas y Altas Cortes respetando la independencia de los órganos de control y judiciales.
y que la lucha contra la corrupción contribuye directamente al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la democracia.
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