El Ministerio Público informó que, según los resultados preliminares de la investigación denominada Operación Cobra, fue descubierto un presunto esquema de corrupción que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) entre los años 2020 y 2025, mediante la exigencia de sobornos y el desvío de fondos públicos.
De acuerdo con la acusación, el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, habría coordinado un sistema estructurado de pagos ilegales destinados a asegurar la continuidad del programa “Adulto Mayor”. El Ministerio Público sostiene que la empresa Nutri-Med Marine Alvarado SRL / Nutri-med CAS, Nutrición & Medicina SRL, administrada por la imputada Cinty Acosta Sención, habría sido utilizada como vehículo para canalizar sobornos.
El órgano acusador explica que, durante el período investigado, los imputados habrían recibido más de DOP$1,165 millones, montos que presuntamente no correspondían a contraprestaciones legítimas, sino a pagos exigidos para agilizar procesos internos, evitar glosas, aprobar facturas y obtener beneficios indebidos.
Asimismo, el Ministerio Público detalla que José Pablo Ortiz Giráldez y el consultor jurídico Germán Rafael Robles Quiñones habrían actuado como operadores del esquema, usando empresas como OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL para disimular el origen de los fondos ilícitos mediante operaciones comerciales falsas.
La investigación señala que el entramado buscaba dar apariencia de legalidad a los recursos y evitar la detección de transacciones sospechosas. Un informe de la SISALRIL también apunta a la ausencia de indicadores que permitan medir el impacto del programa Adulto Mayor, lo que, según la fiscalía, refuerza la tesis de un uso irregular del mismo.
El caso continúa en fase procesal y los imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
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