Los juristas señalaron que la tragedia tuvo su origen en la organización de una actividad sin protocolos de seguridad y con acompañantes que, aseguran, no estaban capacitados para manejar situaciones de riesgo. Por ello, insistieron en que la responsabilidad penal también debe alcanzar a los administradores del centro educativo.
Más temprano, los representantes legales depositaron una querella y una nueva solicitud de medida de coerción contra los directivos del colegio y los propietarios de la hacienda donde ocurrió el hecho. Indicaron que peritos certificaron que el lugar no contaba con las condiciones mínimas para recibir niños, lo que aumentó la vulnerabilidad del grupo de estudiantes.
Tras conocerse la decisión judicial, la familia de Stephora reiteró que no descansará hasta que “los verdaderos responsables enfrenten a la justicia” y afirmó que continuará impulsando todas las acciones legales necesarias para evitar que el caso quede impune.
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