La jueza Karen Minyeti acogió la solicitud del Ministerio Público tras declarar el caso como complejo. El fiscal Andrés Mena destacó que la gravedad del incidente, que provocó pérdidas millonarias y el desvío de varios vuelos internacionales, justifica la medida de coerción impuesta.
Como evidencia fundamental, las autoridades presentaron el teléfono celular desde el cual se habría realizado la llamada de alerta. El imputado, quien reside en la República Dominicana desde hace dos años y también ha sido identificado como Ricardo Casas, es procesado bajo cargos de terrorismo debido al impacto en la seguridad aérea nacional.
Del Pino Cuya cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Por su parte, la defensa calificó la decisión como «desproporcionada», sosteniendo que la investigación podría avanzar sin necesidad de una medida tan restrictiva.
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