La jueza de instrucción especial Ysis B. Muñiz Almonte continuará la tarde de este martes con el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal suspendido, Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La recusación fue rechazada por la Corte de Apelación, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana se declarara incompetente para conocer el recurso, interpuesto por la defensa del imputado bajo el alegato de una supuesta falta de imparcialidad.
La audiencia está prevista para iniciar a las 2:00 de la tarde, tras más de un mes de intentos fallidos para su realización.
De acuerdo con la resolución penal núm. 027-2026-SRES-0001, emitida el 27 de abril de 2026, el tribunal determinó que el recurso presentado por los abogados Yessi Oscar Medina Mateo y Albert Thomas Delgado Lora fue depositado fuera de los plazos establecidos por la ley.
La corte explicó que la recusación, planteada inicialmente en audiencia el 10 de abril y ampliada mediante escrito el 12 de abril, no cumplió con el plazo de tres días establecido en el párrafo II del artículo 82 del Código Procesal Penal.
Argumentos de la defensa
Los abogados del imputado sostienen que la magistrada participó en un elemento clave de prueba dentro del proceso, específicamente en la entrega controlada del presunto dinero del soborno, lo que —a su juicio— compromete su imparcialidad.
“A raíz de una recusación que tuvimos que hacerle a la juzgadora porque participó en un elemento de prueba que entendemos la limita para conocer el proceso. Ella tuvo contacto con el dinero, con videos y con evidencias que ni siquiera la defensa ha tenido acceso”, indicaron.
En ese sentido, consideran que esa participación implica un conocimiento previo del caso que impediría a la jueza actuar con objetividad.
Por su parte, el procurador adjunto, Wilson Camacho afirmó que la recusación forma parte de una estrategia dilatoria por parte de la defensa.
Ministerio Público solicita prisión preventiva
El Ministerio Público ha solicitado que Valdéz Alcántara cumpla un año de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Según el órgano acusador, el imputado fue arrestado en flagrante delito la noche del 27 de marzo, durante una entrega controlada autorizada judicialmente, en la que se le ocuparon los 10 mil dólares señalados.
Las autoridades sostienen que el fiscal habría exigido inicialmente US$200,000, suma que luego redujo a US$150,000 durante negociaciones en las que también habría solicitado un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz 350 o 450.
El imputado presuntamente habría pedido el dinero a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
El caso es dirigido por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ha reiterado la política de cero tolerancia frente a la corrupción dentro del Ministerio Público.
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