Los congresistas aseguraron que el proceso de revisión y aprobación del proyecto se realizó con estricto apego a la Constitución y a los reglamentos del Congreso Nacional.
La presidenta de la comisión bicameral, la senadora Aracelis Villanueva, afirmó que durante el estudio de la pieza legislativa se tomaron todas las previsiones necesarias para evitar posibles conflictos con la Carta Magna.
«Yo creo que se hizo un trabajo apegado a lo que fueron los reglamentos y se cuidó lo más que se pudo todas las situaciones para que no se generara ninguna inconstitucionalidad», expresó.
La mayoría de los recursos sometidos ante el Tribunal Constitucional buscan la anulación de disposiciones relacionadas con la libertad de prensa y el ultraje jurisdiccional, aspectos que han generado debate entre diversos sectores.
Por su parte, el senador por Peravia, Julito Fulcar, sostuvo que corresponde al Tribunal Constitucional decidir sobre las impugnaciones, aunque manifestó confianza en que la alta corte valorará la necesidad de contar con una legislación penal actualizada.
«El Tribunal Constitucional es el máximo organismo donde se conocen en última instancia las oposiciones que tiene cualquier sector o cualquier persona, y entiendo que tienen la capacidad, la experiencia y la conciencia de que la República Dominicana necesitaba superar la obsolescencia de ese viejo código», afirmó.
Los legisladores recordaron que el anterior Código Penal permaneció vigente por más de 150 años, por lo que consideran que la nueva normativa representa un paso importante hacia la modernización del sistema de justicia penal.
Villanueva reiteró que el texto fue elaborado respetando los principios constitucionales y las escalas de penas ya establecidas en la legislación dominicana.
«Eso fue lo que cuidamos realmente, que todo fuera apegado a la Constitución y a las escalas de penas establecidas legalmente. Tenemos un código a la altura, listo para su aplicación, y estaremos vigilantes de que se implemente correctamente», señaló.
Los congresistas esperan que el Tribunal Constitucional tome en cuenta el interés público y la necesidad de actualizar el marco jurídico penal al momento de decidir sobre los recursos, en una ley que incorpora 70 nuevos tipos penales y sustituye una legislación con casi dos siglos de vigencia.
Actualmente, el Tribunal Constitucional tiene apoderados 12 recursos de inconstitucionalidad que cuestionan la legalidad de varios artículos de la Ley 74-25, cuya entrada en vigor está prevista para los próximos días.
CARD impugna el artículo 310 del nuevo Código Penal
Entre los recursos más recientes figura la acción directa de inconstitucionalidad presentada este lunes por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) contra el artículo 310 de la Ley 74-25, al considerar que vulnera el derecho de defensa, el debido proceso y la independencia del ejercicio de la abogacía.
El presidente del gremio, Trajano Potentini, explicó que la disposición cuestionada afecta garantías constitucionales y solicitó al Tribunal Constitucional determinar si dicho artículo es compatible con la Carta Magna.
Según el CARD, la norma podría incidir en el libre ejercicio de la profesión y comprometer el acceso de los ciudadanos a una defensa jurídica efectiva.
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