El objetivo central de este proceso, impulsado bajo el Decreto 309-26, es articular la oferta académica con las exigencias de innovación, competitividad y desarrollo económico del país.
Durante el encuentro, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que el sistema debe evolucionar para responder a los cambios provocados por la automatización y la inteligencia artificial, pasando de un enfoque centrado exclusivamente en la movilidad social a uno orientado al desarrollo productivo.
Según el funcionario, el desafío actual no se limita al acceso al sistema, sino a garantizar el desarrollo de competencias críticas que permitan a los estudiantes crear valor en una economía impulsada por el conocimiento.
En el mismo orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos Badía, subrayó la urgencia de adaptar la formación técnica y profesional a los requerimientos de la cuarta revolución industrial, apuntando a la meta de duplicar la economía nacional para el año 2036.
Ambos funcionarios coincidieron en que el sector privado posee información estratégica sobre las brechas de perfiles profesionales y las competencias necesarias para el futuro próximo, por lo que su participación es indispensable en el proceso.
Esta consulta es parte de un ciclo de foros sectoriales y territoriales liderados por el MINERD, el MESCYT, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el INFOTEP.
La comisión tiene el mandato de diseñar un marco normativo y un currículo integral que conecte la educación con la ciencia, la tecnología y la innovación, sentando las bases para un anteproyecto de ley de educación integral.
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