El legislador sostuvo que la Ley 74-25 no vulnera la libertad de prensa ni el derecho a la libre difusión del pensamiento. Asimismo, explicó que la difamación contra jefes de Estado y altos funcionarios públicos ha estado tipificada como delito en la legislación dominicana desde el siglo XIX.
“La injuria a personas comunes y corrientes, y las injurias a jefes de Estado y altos funcionarios ha estado prohibida y castigada en la República Dominicana. El Código Penal ha castigado la difamación, siempre ha sido delito difamar, siempre ha sido delito injuriar, tanto a su vecino como a una autoridad pública”, precisó Batista.
El diputado indicó que uno de los cambios introducidos en el nuevo Código Penal consiste en el endurecimiento de las sanciones para los delitos de difamación e injuria, al considerar que este tipo de conductas ha alcanzado niveles preocupantes.
“Nosotros lo que hicimos fue agravar las penas, porque esto está cayendo en una degeneración tal que puede ser peligrosa para la misma república”, aclaró Wandy Batista.
De igual manera, descartó que la nueva normativa pueda utilizarse para perseguir a directores de medios de comunicación o limitar el ejercicio de la libertad de expresión, al asegurar que este derecho continúa protegido por la Constitución.
“No, la gente sigue con su derecho constitucional la libertad de expresión, es un derecho constitucional, eso no se toca, eso queda incólume”.
El nuevo Código Penal está previsto para entrar en vigencia el próximo 3 de agosto. No obstante, su implementación continúa generando opiniones divididas entre gremios del sector salud, juristas y organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que han solicitado a la Cámara de Diputados una prórroga para permitir una revisión más amplia del contenido de la legislación.
Social Buttons