El nuevo órgano, de carácter consultivo y honorífico, estará coordinado por Alliet Ortega e integrado por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos.
La disposición gubernamental establece que los comisionados fueron seleccionados bajo criterios de solvencia moral e independencia, y deberán firmar un compromiso ético de confidencialidad y ausencia de conflictos de interés antes de asumir.
Entre sus responsabilidades, la veeduría debe darle seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas del fideicomiso, verificar que los fondos cumplan estrictamente con la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos y emitir informes periódicos y anuales de acceso público a través del portal web institucional.
Asimismo, podrá recibir denuncias, observaciones y recomendaciones tanto de la ciudadanía como de actores del sector.
La medida se ampara en las leyes de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) y de Fideicomiso Público (28-23).
El decreto precisa que las labores de esta comisión no sustituyen las competencias del Consejo del Fideicomiso ni de las instituciones de control del Estado, y dispone su notificación inmediata al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a DO Sostenible y a Fiduciaria Reservas.
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