El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, señaló que entre las principales inquietudes del sector empresarial están la forma en que se aplicará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, qué se espera de los órganos de dirección y cuáles serán los estándares que deberán cumplir las empresas para demostrar que cuentan con controles adecuados.
Durante el Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la AIRD y que contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, Brache también cuestionó cómo funcionará este régimen para las pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta sus distintas estructuras y capacidades de gestión.
AIRD pide claridad sobre las nuevas obligaciones empresariales
Brache explicó que las empresas dominicanas están acostumbradas a gestionar aspectos regulatorios, tributarios, laborales, ambientales, societarios y financieros, pero que el nuevo marco legal incorpora una dimensión adicional: el riesgo penal empresarial.
En ese sentido, sostuvo que las organizaciones deberán prestar mayor atención a sus sistemas de dirección, control y supervisión, además de implementar programas efectivos de cumplimiento.
“No basta con manuales, códigos o protocolos. Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos”, afirmó.
El presidente de la AIRD consideró que el cumplimiento debe convertirse en una parte fundamental de la cultura empresarial debido a las nuevas responsabilidades contempladas en la legislación.
Sector industrial cuestiona criterios para determinar responsabilidad
Entre las interrogantes planteadas por el sector industrial también figuran cuáles serán los criterios utilizados para determinar si una empresa estableció controles adecuados y qué responsabilidades podrían recaer sobre sus órganos de dirección.
Brache consideró necesario que las autoridades y el sector productivo mantengan espacios de intercambio que permitan aclarar estas inquietudes y facilitar que las empresas conozcan sus nuevas obligaciones.
“La adecuada implementación de una legislación de esta trascendencia requiere información, prevención, orientación y diálogo”, sostuvo.
Yeni Berenice explica alcance de la responsabilidad penal empresarial
Durante el encuentro, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó que el nuevo Código Penal establece responsabilidad penal para las empresas cuando se cometa un delito en su beneficio o interés como consecuencia de fallas en los deberes de dirección, control o supervisión.
Reynoso agregó que los programas de cumplimiento pueden constituir mecanismos de defensa para las empresas, al permitir atenuar las penas o incluso alcanzar la exoneración cuando se demuestre la existencia de controles rigurosos, medidas de prevención y mecanismos de reacción ante posibles irregularidades.
Asimismo, enfatizó que para establecer responsabilidad penal debe existir dolo o culpa, tanto en las personas físicas como en las jurídicas.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas constituye uno de los cambios relevantes introducidos por el nuevo Código Penal dominicano y plantea nuevos retos para el sector empresarial, que deberá fortalecer sus mecanismos internos de prevención, control y supervisión.
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