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El Caso Jet Set tendrá que comenzar desde cero ante un nuevo tribunal al punto de partida y deberá ser juzgado

 

El caso Jet Set tendrá que comenzar desde cero ante un nuevo tribunal colegiado integrado por tres jueces, luego de que se modificara la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual.

La decisión se produce por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

El cambio de calificación jurídica fue dispuesto este viernes por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien acogió la solicitud de los representantes de las víctimas.

El magistrado consideró que los elementos presentados apuntaban a que los propietarios conocían el deterioro de la estructura y habían recibido advertencias sobre los riesgos antes del colapso. 

Entre los elementos valorados estuvieron las declaraciones de Gregory Adames, exempleado del establecimiento, quien afirmó que había comunicado problemas en la estructura mediante fotografías y videos.

La nueva calificación introduce la figura del dolo eventual, que se diferencia de la culpa consciente por la actitud de una persona frente a un resultado que prevé como posible. Mientras en la culpa consciente confía en que podrá evitarlo, en el dolo eventual continúa con su conducta aceptando que ese resultado puede producirse.

Así lo explicó el penalista Francisco Álvarez durante una entrevista en el programa Esto No Tiene Nombre, al señalar que la distinción está en la forma en que la persona asume el riesgo de que ocurra un resultado grave.

Un nuevo tribunal deberá escuchar las pruebas

Álvarez explicó que la modificación de la calificación jurídica implica que el caso deberá ser conocido por otro tribunal colegiado, integrado por tres jueces, quienes tendrán que escuchar nuevamente las pruebas y los testimonios presentados durante el proceso.

El abogado calificó la situación como un caso procesal atípico, debido a que la variación de la calificación también conlleva un cambio de tribunal y plantea dificultades prácticas para el desarrollo del juicio.

«Porque estos son casos atípicos, no el caso en sí, sino el caso procesal de no solamente “estoy variando la calificación”, sino que le toca a otro tribunal por la pena a ser impuesta. Y eso presenta serios inconvenientes procesales desde el punto de vista práctico, porque literalmente todo va a llegar a conocerse de nuevo», explicó.

El penalista indicó que los nuevos jueces deberán conocer el expediente a través de las pruebas y declaraciones que se presenten ante ellos, debido al principio de inmediación, que exige que quienes decidan el proceso tengan contacto directo con los elementos debatidos en el juicio.

«Entonces, los nuevos jueces (que va a ser un tribunal colegiado de tres jueces) van a tener que conocer todo lo que este tribunal conoció, porque hay un principio que se llama el principio de inmediación», expuso.

Según Álvarez, la repetición de las actuaciones también obligará a las partes a defender sus posiciones en el nuevo escenario procesal, bajo la calificación jurídica modificada.

Álvarez advierte sobre posible revictimización

El abogado también alertó sobre el impacto que la repetición del proceso podría tener en las víctimas y sus familiares, quienes podrían verse obligados a revivir los detalles de la tragedia.

«Hay una revictimización de todas las víctimas que van a tener que revivir todo eso, y la defensa va a poder defenderse de nuevo ya viendo lo que pasó y lo que se puede corregir o se pudo corregir en lo que ya sucedió hasta ahora», agregó.

La decisión modifica la calificación jurídica bajo la cual se conocerá el caso, pero no constituye por sí misma una condena contra Antonio y Maribel Espaillat. La responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse durante el proceso judicial, con respeto a las garantías de todas las partes.

Sobre el caso

Entre las víctimas del derrumbe estuvieron el merenguero Rubby Pérez, quien se encontraba en el escenario durante la presentación; la entonces gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz; y los expeloteros de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco. También fallecieron el diseñador Martín Polanco y otras figuras de distintos ámbitos de la sociedad dominicana.

La tragedia ocurrió a las 12:17 de la madrugada del 8 de abril de 2025, durante la tradicional fiesta de los lunes de la discoteca, cuando cientos de personas disfrutaban de la música bajo el techo que se desplomó sobre el establecimiento. El balance final fue de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

Por la cantidad de víctimas y la magnitud del desastre, el derrumbe fue descrito como la tragedia por causas no naturales más devastadora en la historia del país. El suceso conmocionó a la sociedad dominicana y abrió un proceso judicial para establecer las responsabilidades por lo ocurrido.

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