Los hallazgos revelan un supuesto manejo inadecuado de los fondos públicos que se traduciría en grandes derroches e inobservancias legales donde estas aparentes malas prácticas administrativas superarían las decenas de millones de pesos, afectando presuntamente la transparencia institucional mediante el incumplimiento de las normativas.
En el renglón de las adquisiciones estatales, el documento oficial precisa textualmente que "se evidenció fraccionamiento en procesos de compras menores para servicios de banquete y catering por un total de RD$2,947,000″, excediendo supuestamente el límite establecido con la aparente intención de evadir el procedimiento legal de comparación de precios.
Falta de licitaciones en transparencia
Siguiendo con la supuesta falta de transparencia en las licitaciones, el reporte establece mediante cita directa que "un total de 21 procesos de compras menores, que sumaron RD$13,295,227, fueron adjudicados invitando a un único oferente", violentando de esta forma la norma vigente que exige convocar a un mínimo de tres proveedores comerciales.
Además, el riguroso escrutinio a los expedientes arrojó formalmente que en ONAPI "se validaron 15 procesos de compras menores por servicios de asesoría y consultoría ascendentes a RD$15,266,944″ destacando el informe que durante estas costosas contrataciones millonarias presuntamente "no se obtuvieron los resultados esperados en comparación con las fichas técnicas" aprobadas originalmente.
En cuanto al departamento de personal, el documento señala literalmente que "la institución realizó pagos de incentivos por desempeño y pagos extraordinarios por un monto de RD$6,235,307.70 a empleados con el cargo de asesores", precisando que esta cuestionable práctica "está expresamente prohibida por la Ley de Regulación Salarial".
Sobre el presunto desorden estructural y los puestos de trabajo, la auditoría gubernamental reporta de manera oficial que "se identificaron 80 cargos operando en la entidad que no están contemplados en el manual de funciones", detallando además que dichas posiciones creadas al parecer al margen de la ley "ni cuentan con la aprobación del Ministerio de Administración Pública".
ONAPI y supuesta distorsión de sueldos
En relación con la supuesta distorsión de los sueldos mensuales, el informe subraya textualmente que "se detectaron 59 empleados cobrando por debajo de la escala salarial establecida por el MAP y 27 empleados percibiendo salarios por encima de dicha escala", generando presuntamente una marcada brecha de desigualdad económica e institucional a lo interno.
Al verificar el supuesto cumplimiento de las obligaciones impositivas y de seguridad social, los auditores señalaron que "la auditoría cruzó datos y detectó inconsistencias de empleados faltantes y diferencias en montos", discrepancias encontradas directamente al comparar "las nóminas institucionales, lo reportado a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la declaración de retenciones IR-3″.
Entrega de beneficios
La auditoría también señala posibles violaciones en la entrega de beneficios marginales al detallar que "a 7 empleados se les asignó combustible por un monto superior al 10% de su salario mensual, incumpliendo la ley", siendo esta una presunta inobservancia reiterada que reflejaría una alarmante falta de controles internos en la institución.
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