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El presidente Luis Abinader, encabezó ayer la investidura de 147 profesionales de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza, impartida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Del total de graduandos, 80 son mujeres y 67 hombres.

Durante el acto de investidura, el mandatario resaltó el esfuerzo realizado por los graduandos para culminar su formación de posgrado, al dedicar más horas al estudio y restar tiempo a sus familias, además de asumir un esfuerzo adicional durante su proceso académico.

“Desde el Gobierno entendimos que modernizar la Administración Pública no solamente consiste en aprobar leyes, en digitalizar procesos o en construir nuevas plataformas. La verdadera transformación del Estado comienza por las personas que trabajan en ella”, expresó Abinader durante el acto celebrado en el Aula Magna de la UASD.

El Presidente afirmó que el Gobierno continuará promoviendo la formación y profesionalización de los servidores públicos, con el propósito de construir un Estado más eficiente, moderno y cercano, donde se valore el mérito y la preparación.

“Quiero que lleven lo aprendido a sus instituciones, pero también a sus provincias, a sus comunidades y que sean agentes de cambio allí donde trabajan; que cuestionen todo aquello que pueda ser innecesariamente complicado, que simplifiquen lo que todavía resulta innecesariamente complicado, que utilicen los datos y la tecnología, que administren con rigor y que nunca pierdan de vista para quién trabajamos”, dijo.

Profesionales capaces

Asimismo, el rector de la UASD, Jorge Asjana, destacó que la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza busca formar profesionales capaces de comprender mejor el Estado, administrar eficientemente los recursos públicos, diseñar mejores políticas y colocar el interés colectivo en el centro de sus decisiones.

“Cuando la Universidad y el Estado ponen sus capacidades al servicio de una misma causa, gana la sociedad dominicana”, aseveró.

Asjana David subrayó que la gobernanza no se limita a técnicas administrativas, sino que implica ética, responsabilidad, transparencia y eficiencia, al recordar que las decisiones públicas tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos.

“Detrás de cada procedimiento administrativo hay un ciudadano. Detrás de cada política pública hay una familia. Detrás de cada decisión del Estado hay vidas humanas”, dijo.

El rector exhortó a los nuevos profesionales a utilizar los conocimientos adquiridos para transformar las instituciones públicas y contribuir a que el Estado funcione cada día mejor.

De igual manera, el director del Instituto Nacional de Administración Pública, Gregorio Montero, instó a los graduandos a continuar fortaleciendo sus conocimientos y a emplear lo aprendido no solo en sus labores profesionales, sino también en la vida cotidiana.

El estudiante de la promoción con el índice académico más alto, de 97.5 puntos, en la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, mención Innovación y Transformación Digital, Cecilio Alberto Mejía Cruz, expresó que este logro se suma a los avances del Gobierno en materia de formación profesional y manifestó su compromiso de contribuir a la sociedad desde su área de estudio, con ética y transparencia.

Los profesionales fueron investidos en las áreas de Gestión Pública y Gobernanza, mención Finanzas Públicas; Gestión de Recursos Humanos; Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos, e Innovación y Transformación Digital.

El acto contó con la presencia de graduandos procedentes de provincias como Santiago, La Altagracia, Duarte, San Juan de la Maguana, Salcedo, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo y otras localidades del país.

En la actividad también estuvieron presentes el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y el exministro del Mescyt, Franklin García Fermín.


 La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda discusión un proyecto de ley que crearía el Sistema Nacional de Becas para promover el desarrollo productivo y laboral de la sociedad dominicana. 

Esta iniciativa, elaborada por el diputado José Caraballo, tiene el objetivo de garantizarles a los ciudadanos el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional, por medio de facilidades económicas

Sin embargo, el congresista también busca asegurar que los jóvenes y adultos becados en universidades del exterior por el Gobierno, regresen durante un periodo de dos a cinco años al territorio dominicano para poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

De lo contrario, el estudiante graduado tendría que pagarle al Poder Ejecutivo una proporción o el monto total de los fondos recibidos. 

Según estableció el legislador en su propuesta, esta obligación está basada “en una condición legítima vinculada al principio de reciprocidad social”. 

En caso de ser acogido en dos discusiones por el Senado de la República, quedará en las manos del presidente Luis Abinader decidir si será convertido en ley. 

Más obligaciones

Además, el representante del Distrito Nacional colocó otros compromisos con los cuales deberán cumplir los dominicanos beneficiados con las becas. 

Uno de estos es mantener el rendimiento académico mínimo, utilizar los recursos otorgados exclusivamente para la formación, entre otros. 

Sanciones

Las autoridades podrían castigar con amonestaciones escritas y suspensión temporal de los recursos a aquellos alumnos del programa de becas que incumplan con la entrega de documentación, así como por la falta de actualización de datos requeridos. 

Asimismo, estos serían penalizados con el reintegro proporcional de los fondos mal utilizados y, hasta, la inhabilitación para participar en futuras convocatorias por un periodo de tres años en los siguientes casos. 

“La utilización parcial de los fondos en fines distintos a los autorizados, obstaculizar los procesos de auditoría y la omisión de informar sobre cambios en la condición socioeconómica”, dicta el documento elaborado por Carballo, integrante del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

Cancelación de la beca

La presentación de documentos falsos o adulterados para obtener una beca, el uso fraudulento del apoyo económico y la manipulación de registros académicos provocarían que el estudiante sea penalizado con la cancelación definitiva. 

También serían penados con pago total de los fondos percibidos, la inhabilitación para participar en procesos becarios durante hasta 10 años y la remisión del  caso al Ministerio Público, donde serían investigados con fines de ser judicializados de manera penal. 

Influencia política y corrupción

Los funcionarios que participen en actos de corrupción, favoritismo o asignación irregular de becas podrían ser castigados con las acciones antes mencionadas. 

“En el caso de funcionarios, además, se aplicaría lo establecido en la Ley de Función Pública, Compras y Contrataciones Públicas, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, versa el texto.

No obstante, el diputado no especificó cuáles sanciones registradas en las leyes antes mencionadas serían dispuestas en contra de los servidores públicos que cometan infracciones durante su labor en la gestión y administración de becas. 

El Conabe sería dirigido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Además, estaría acompañado del Ministerio de Educación (Minerd), de Trabajo, Juventud, del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), altas casas de estudios privadas, Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Asociación de Industrias (AIRD).

 

Recibir una factura inesperada después de una consulta, procedimiento o cirugía puede generar dudas entre los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS): ¿realmente corresponde pagar esa diferencia?, ¿puede una clínica exigir un depósito para brindar una atención?, ¿qué ocurre si un procedimiento estaba autorizado por la ARS y al momento del alta aparece un cobro adicional?

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) advierte que existen situaciones en las que los afiliados terminan asumiendo con su propio dinero cobros que, luego de ser revisados, resultan improcedentes.

Solo durante agosto de 2026, las intervenciones de la institución evitaron que afiliados y sus familiares desembolsaran RD$18,515,242.74 por cobros y requerimientos de pago relacionados con servicios de salud.

La DIDA aclara, sin embargo, que no todo cobro adicional es automáticamente ilegal o indebido, ya que cada situación debe ser evaluada de acuerdo con la cobertura que tiene el afiliado y las circunstancias particulares del servicio recibido.

Entre las situaciones que la DIDA identifica se encuentran los cobros adicionales por honorarios médicos y servicios cubiertos por el SFS diferencias exigidas directamente a los pacientes, negaciones de cobertura y requerimientos de depósitos o pagos para recibir determinadas atenciones.

También se han reportado casos relacionados con honorarios médicos en accidentes de tránsito, así como situaciones de retención de pacientes o cadáveres.

Ante cualquiera de estas circunstancias, la recomendación es no asumir de inmediato que el monto exigido debe ser pagado, sino que el afiliado puede solicitar la explicación y verificar con su ARS qué servicios están cubiertos y cuál es la diferencia que realmente le corresponde pagar.

¿Qué hacer si le cobran de más?

La DIDA recomienda a los afiliados verificar antes de pagar cuando consideren que un cobro no corresponde con su cobertura.

El primer paso es solicitar al centro de salud una explicación detallada del monto exigido y verificar con la ARS cuál fue la autorización emitida y qué servicios están contemplados en la cobertura.

Si persiste la diferencia o el afiliado considera que sus derechos están siendo vulnerados, puede acudir a la DIDA para que el caso sea evaluado.

La institución cuenta con el programa DIDA 24 Horas, mediante el cual recibe y verifica las situaciones reportadas por los afiliados y, cuando las circunstancias lo requieren, interviene directamente ante los centros de salud.

La línea habilitada para reportar estas situaciones es 809-472-1900.

Las glosas no deben convertirse en una factura para el paciente

Otro punto que aclara la DIDA es que los procesos de objeción y glosa médica corresponden a la relación administrativa entre las ARS y los prestadores de servicios de salud.

En ese sentido, la institución valoró la Circular SSRL-INT-2026-002960, emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que dispone la aplicación de la normativa sobre auditoría médica, calidad de las atenciones, glosas y pagos entre las ARS, el Idoppril y los prestadores.

De acuerdo con la DIDA, los montos derivados de esos procesos administrativos no deben ser trasladados al afiliado.

No obstante, la institución advierte que el problema del gasto de bolsillo es más amplio y no se limita a las glosas. También recibe denuncias de ciudadanos a quienes se les exige dinero directamente para acceder o continuar recibiendo una atención, diferencias de honorarios y otros cobros cuya procedencia debe determinarse en cada caso.

No todos los cobros adicionales son indebidos

La DIDA precisa que estas situaciones no pueden atribuirse de manera generalizada a todos los médicos, clínicas o prestadores de servicios de salud.

La institución reconoce que la mayoría de los prestadores desarrolla su labor dentro de las reglas del Sistema Dominicano de Seguridad Social y plantea que el objetivo es identificar las prácticas que afectan a los afiliados y remitir a las autoridades competentes aquellos casos que requieran investigación, fiscalización o medidas regulatorias.

Por eso, ante un cobro que el afiliado considere irregular, la recomendación es documentar la situación, solicitar la explicación correspondiente, verificar la cobertura con la ARS y reportar el caso antes de asumir como propio un monto que podría no corresponderle.


El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que activó los protocolos establecidos y dispuso el cambio de leche pasteurizada por leche UHT (Ultra High Temperature).  Luego de la intoxicación de 22 niños con la leche del desayuno escolar en la escuela Fernando Valerio, municipio Villa González, 

La institución precisó que, cuando recibió el reporte, el equipo técnico acudió al centro educativo para realizar las evaluaciones correspondientes y dar seguimiento a la situación.

Además, fueron tomadas muestras de la leche servida en el desayuno escolar para realizar los análisis de laboratorio correspondientes.

Los estudiantes fueron atendidos en el hospital municipal de Villa González y se encuentran en sus hogares en buen estado de salud.

El cambio de la leche del desayuno escolar en el centro educativo facilita el manejo y las condiciones de conservación sin necesidad de refrigeración y garantiza la continuidad de su suministro durante la jornada escolar.


El anuncio de divorcio de Karen Yapoort y Edwin Encarnación ha puesto nuevamente el divorcio en el centro de la conversación pública, pero también abre una pregunta que miles de parejas pueden hacerse: ¿qué ocurre legalmente cuando un matrimonio llega a su fin?

El expelotero Edwin Encarnación anunció que había consultado a sus abogados para iniciar el proceso legal de divorcio, mientras que Yapoort aseguró posteriormente que ella había iniciado hacía más de una semana un proceso de divorcio por mutuo consentimiento.

La comunicadora pidió además consideración hacia sus hijos y dijo que dejaría el proceso en manos de sus abogados.

Pero, más allá de este caso, ¿cómo funciona el divorcio en República Dominicana?

Una ley de 1937 sigue siendo la base

El divorcio está regulado principalmente por la Ley 1306-Bis sobre Divorcio, promulgada en 1937 y modificada posteriormente.

La legislación contempla distintas causas, entre ellas el mutuo consentimiento y la incompatibilidad de caracteres, además de otras causas determinadas.

En el caso del mutuo consentimiento, ambos cónyuges manifiestan su voluntad de poner fin al matrimonio y deben cumplir una serie de formalidades antes de presentarse ante el tribunal.

Esto significa que no basta con que dos personas anuncien públicamente que están separadas.

La separación de hecho y el divorcio legal no son lo mismo.

El mutuo consentimiento es la modalidad más registrada

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran que esta es actualmente la modalidad más registrada.

En 2025 se registraron 24,711 divorcios en República Dominicana. De estos, 16,252 fueron por mutuo consentimiento, equivalentes al 65.77 %, mientras que 8,459 correspondieron a incompatibilidad de caracteres, para un 34.23 %.


Sin embargo, hay una precisión importante: mutuo consentimiento es una categoría de registro jurídico y estadístico, no necesariamente la razón personal por la que una pareja decidió terminar.

Una pareja puede haber atravesado años de conflictos y, finalmente, ambos acordar el divorcio. En ese caso, estadísticamente aparecerá como un divorcio por mutuo consentimiento.

¿Qué deben acordar los esposos?

La Ley 1306-Bis establece que, antes de acudir al juez en un divorcio por mutuo consentimiento, los esposos deben formalizar un inventario de sus bienes y establecer acuerdos relacionados con los hijos.

La norma también exige que las convenciones y estipulaciones sean formalizadas mediante un acto auténtico.

En otras palabras, el proceso no se limita a decir: “ambos queremos divorciarnos”.

Hay que organizar jurídicamente aspectos de la vida que continuarán existiendo después de la ruptura.

¿Qué pasa con los bienes?

Uno de los puntos que más dudas genera es el patrimonio.

La respuesta depende del régimen matrimonial bajo el cual se casaron los esposos y de cómo fueron adquiridos los bienes.

No es igual un matrimonio bajo comunidad de bienes que uno bajo separación de bienes.

Divorcio en República Dominicana: ¿qué pasa con los bienes, los hijos y las obligaciones?

En un régimen de separación de bienes, cada cónyuge mantiene, en principio, la titularidad de su patrimonio propio. Eso no elimina, sin embargo, la necesidad de determinar qué bienes pertenecen conjuntamente a ambos o qué obligaciones económicas existen.

En el caso de Yapoort y Encarnación, la comunicadora señaló públicamente que su matrimonio estaba bajo separación de bienes.

Por eso, ante un divorcio, preguntas como quién conserva una vivienda, cómo se manejan bienes adquiridos conjuntamente o qué ocurre con determinadas deudas deben analizarse de acuerdo con el régimen matrimonial y los documentos que existan.

¿Y los hijos?

El divorcio termina el vínculo matrimonial, pero no termina las responsabilidades de los padres con sus hijos.

La Ley 1306-Bis establece que en el proceso de mutuo consentimiento deben existir acuerdos sobre el cuidado de los hijos durante el procedimiento y después de pronunciado el divorcio.

Divorcio en República Dominicana: ¿qué pasa con los bienes, los hijos y las obligaciones?
Divorcio

Por tanto, la separación obliga a reorganizar aspectos como el cuidado cotidiano, la convivencia con ambos progenitores y las responsabilidades económicas relacionadas con los menores.

La ruptura de la pareja no elimina la relación parental.

¿Todavía hay que esperar dos años para divorciarse?

No.

Este es uno de los puntos que puede generar confusión porque todavía aparece en versiones antiguas de la Ley 1306-Bis.

El artículo 27 establecía restricciones para el divorcio por mutuo consentimiento, incluyendo un período mínimo de matrimonio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese artículo mediante la sentencia TC/0226/21.

Por tanto, no debe presentarse como requisito vigente que una pareja tenga que esperar dos años de matrimonio para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento.

El divorcio es más que una firma

Los 24,711 divorcios registrados en 2025 muestran que miles de matrimonios llegan cada año a este punto.

Pero cada proceso tiene particularidades.

Puede haber hijos, propiedades, deudas, negocios, acuerdos económicos o simplemente dos personas que necesitan reorganizar sus vidas después de dejar de ser pareja.


Por eso, aunque el divorcio ponga fin legalmente al matrimonio, no necesariamente pone fin a todas las obligaciones y relaciones que se construyeron durante él.

Y cuando hay hijos, esa diferencia es todavía más importante: termina el vínculo matrimonial, pero continúa la responsabilidad de ambos como padres.


El presidente Luis Abinader anunció el Gobierno asumirá como “terrorismo ambiental” las acciones que provoquen daños a los parques nacionales y advirtió que este tipo de hechos podrá ser castigado con penas de 20 a 30 años de prisión bajo el nuevo Código Penal.

El mandatario explicó que la decisión responde a los daños provocados por actividades ilegales dentro de áreas protegidas, que en algunos casos han derivado en incendios con consecuencias para los bosques, las fuentes de agua y las comunidades.

Gobierno endurecerá acciones contra responsables

Abinader sostuvo que durante los últimos años las autoridades han detectado que numerosos incendios registrados en parques nacionales están relacionados con actividades ilegales realizadas por dominicanos y extranjeros.

Pero también, hemos visto durante estos años también, que muchos de los fuegos que ocurren en los parques nacionales, es por actividad ilegal de nacionales, extranjeros y de dominicanos, actividades de diversas índoles”, expresó.

El jefe de Estado citó como ejemplo un incendio reciente en el parque de Bahoruco y señaló que este tipo de situaciones no solo afecta los árboles y el entorno donde ocurren, sino también el agua y la vida de los ciudadanos

El presidente aseguró que uno de los problemas enfrentados hasta ahora ha sido la falta de herramientas legales para mantener bajo prisión a personas detenidas por daños a las áreas protegidas.

Y quiero advertir que en el nuevo Código Penal, eso está penalizado entre 20 y 30 años de cárcel, que es uno de los problemas que tenemos actualmente”, manifestó.

Según indicó, en ocasiones personas sometidas por afectar parques nacionales eran dejadas en libertad pocos días después debido a dificultades para sustentar los procesos judiciales.

Instrucciones a Fuerzas Armadas y Migración

Abinader informó que impartió instrucciones a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración para reforzar las acciones frente a quienes desarrollen actividades ilegales dentro de los parques nacionales.

El mandatario señaló que, aunque en algunos casos han sido identificados ciudadanos haitianos participando en estas actividades, también existirían dominicanos involucrados en su contratación o envío hacia esas zonas.

Le hemos dado instrucciones a todas las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Migración, porque también, si bien muchos eran nacionales haitianos, esos nacionales haitianos, en gran parte de los casos, eran enviados por dominicanos también”, dijo.

Advirtió que tanto los extranjeros como los dominicanos involucrados enfrentarán las mismas consecuencias cuando sean responsables de afectar áreas protegidas.

Y ambos van a sufrir la misma pena en caso de que afecten de ahora en adelante los parques nacionales”, sostuvo.

Durante sus declaraciones, Abinader también explicó que el Gobierno inició un proceso para titular los parques nacionales a nombre del Estado dominicano, luego de determinar que muchos de esos terrenos no contaban con títulos estatales.

Y durante estos años, para sorpresa mía, determinamos que muchos de los parques nacionales, o casi todos, no tenían ni siquiera el título a nombre del Estado Dominicano”, indicó.

El mandatario expresó que las nuevas medidas buscan tener un efecto disuasorio y aseguró que las autoridades están preparadas para actuar con mayor firmeza en defensa de los