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No obstante, tras un análisis exhaustivo, anunciamos que esta propuesta legislativa, aunque ambiciosa, contiene disposiciones que podrían debilitar la libertad de prensa, promover la autocensura y facilitar formas de control político sobre el ecosistema mediático si no se introducen salvaguardas adecuadas.
Valoramos positivamente que esta ley sustituya la obsoleta Ley 6132 de 1962 y se articule con principios constitucionales, tratados internacionales y leyes recientes como la de cláusula de conciencia (Ley 38-24).
Apreciamos también avances como el reconocimiento del secreto profesional, la cláusula de conciencia del periodista, la prohibición de censura previa, la regulación de plataformas digitales y el derecho a la desindexación en línea , lo cual coloca al país en sintonía con los desafíos de la era digital.
Sin embargo, ADOPAE manifiesta su preocupación por el poder excesivo que se confiere al Instituto Nacional de las Comunicaciones (INACOM) , entidad que, pese a proclamarse autónomamente, está estructurada con una fuerte influencia del Poder Ejecutivo y del Senado, lo que plantea serias dudas sobre su independencia.
Esta concentración de atribuciones, sumada al amplio régimen de sanciones administrativas y la posibilidad de suspender medios por supuestas infracciones de contenido, puede convertirse en un instrumento de presión contra la prensa independiente y crítica .
Asimismo, consideramos que disposiciones como la obligatoriedad de revelar identidad para ejercer comunicación bajo seudónimos o anonimato (Art. 16-18) pueden vulnerar la libertad de expresión y poner en riesgo a periodistas que operan en entornos adversos.
También preocupa la redacción ambigua de artículos sobre la protección de la intimidada, la dignidad y la moral pública, pues podría prestarse a interpretaciones discrecionales y restrictivas de la labor periodística.
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