Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del texto es la creación de un Registro Nacional de Comunicadores, el cual establece que periodistas, comunicadores y creadores de contenido deberán inscribirse obligatoriamente para ejercer sus funciones.
El anteproyecto de ley también plantea la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano autónomo que tendría la función de regular todos los formatos comunicativos, desde la prensa escrita hasta las plataformas digitales.
Según explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el propósito es garantizar un equilibrio entre el derecho a la información y el uso responsable de los medios, adaptando la normativa a los retos de la era digital.
“Procuramos alinear nuestra legislación con los estándares más garantistas y democráticos del mundo moderno”, subrayó el mandatario en su comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo De los Santos.
El Gobierno ha defendido el proyecto como un avance hacia una legislación más democrática y moderna.
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