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De aprobarse, la ley impondrá a estas entidades la responsabilidad de entregar datos de usuarios y eliminar publicaciones que infrinjan la legislación vigente, como parte del esfuerzo por garantizar un entorno digital más seguro y responsable.
El objetivo, según explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, es lograr un equilibrio entre el derecho a la información y la responsabilidad en el uso de los medios, en especial frente a los desafíos de la era digital, como la desinformación, el discurso de odio y la criminalidad en línea.
“El proyecto busca modernizar un marco legal que ha quedado rezagado frente a las nuevas dinámicas comunicacionales, y lo hace con un enfoque democrático, respetuoso de los derechos fundamentales y alineado con las mejores prácticas internacionales”, señaló el presidente Abinader en su carta dirigida al Congreso.
El Ejecutivo espera que esta normativa se convierta en una herramienta clave para preservar la libertad crítica que sustenta toda democracia, al tiempo que refuerza la capacidad del Estado para actuar ante contenidos que representen amenazas al orden público o los derechos de terceros.
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