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El presidente de la entidad, Persio Maldonado, afirmó que la propuesta fue elaborada con el consenso de diversos sectores, incluyendo universidades, organismos internacionales y escuelas de comunicación. Subrayó que responde a compromisos internacionales asumidos por el país ante la UNESCO, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El periodista y director del medio digital Acento, Fausto Adames, destacó que el proyecto resguarda la libertad de expresión y valoró especialmente la despenalización del delito de prensa, lo que representa una protección clave para quienes ejercen la comunicación de forma cotidiana.
El anteproyecto, ya depositado en el Congreso, elimina la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y propone un marco regulatorio adaptado a los nuevos desafíos del entorno digital, con sanciones exclusivamente de índole civil, sin posibilidad de cárcel por lo que se diga o publique.
Desde el Congreso Nacional, los presidentes de ambas cámaras legislativas aseguraron que la iniciativa será tratada con responsabilidad y apertura. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, garantizó todos los sectores serán escuchados, incluyendo los vinculados a redes sociales. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, subrayó que se priorizará el derecho a la información y la construcción de un texto legal equilibrado.
El proyecto será enviado a una comisión especial en el Senado, que se encargará de coordinar las discusiones y recoger observaciones de la ciudadanía, periodistas, gremios y otros actores relevantes. Se prevé un proceso deliberativo que no será festinado, según afirmaron los legisladores.
Por otro lado, la organización Participación Ciudadana expresó que fijará su posición tras un análisis minucioso del texto, recordando la libertad de expresión no es un derecho absoluto y debe convivir con otras garantías. La coordinadora Leidy Blanco enfatizó que cualquier regulación debe equilibrar el derecho a expresarse con el respeto al Estado de Derecho.
La propuesta legal ha sido trabajada durante más de dos años por una comisión especial y busca actualizar una legislación vigente desde 1962, integrando los principios constitucionales actuales y respondiendo a las exigencias del ecosistema comunicacional contemporáneo.
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