La acción legal busca revertir la decisión del Décimo Juzgado de la Instrucción, que impuso medidas de coerción no privativas de libertad contra los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, entre ellas una garantía económica de RD$50 millones cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Portes sostiene que la jueza actuante, Fátima Scarlette Veloz Suárez, debió inhibirse del proceso por supuestos conflictos de interés. También cuestiona que se haya hecho una valoración parcial de las pruebas, dejando fuera declaraciones clave que alertaban sobre el deterioro del local antes del colapso.
El tribunal, al declarar el caso como complejo, otorgó un plazo de siete días a los imputados para el pago de la fianza, advirtiendo que de no cumplir serían enviados a centros penitenciarios.
El Ministerio Público cuenta con doce meses para presentar su acto conclusivo, en un proceso que continúa siendo seguido de cerca por las familias afectadas y la opinión pública, a la espera de que se haga justicia por la magnitud de la tragedia.
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