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El objetivo principal de la mesa es crear un espacio de discusión plural y transparente, donde se definan criterios claros sobre la instalación, uso y resguardo de cámaras de seguridad en los planteles escolares. Además, se busca establecer sanciones específicas para los casos de uso indebido de grabaciones o instalaciones irregulares.
Postura de la ADP sobre la videovigilancia
La ADP aclaró que no se opone a las medidas legítimas de seguridad en los centros educativos, siempre que no vulneren el derecho a la intimidad ni criminalicen a los docentes o estudiantes. La organización insiste en que las cámaras deben utilizarse con fines preventivos y no como herramientas para el control laboral, disciplinario o punitivo.
La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida, pero la ADP advierte que la implementación de cámaras no puede imponerse unilateralmente ni sin un marco legal que respete los derechos fundamentales de la comunidad educativa. La instalación debe buscar un equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto a la intimidad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Fundamentación legal y recomendaciones institucionales
Entre los aspectos legales que la ADP considera esenciales están la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano (sentencia TC/0096/19), que admite la adopción de tecnologías para prevenir la inseguridad, siempre y cuando no se violen derechos fundamentales.
Asimismo, destaca la posición del Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de la Niñez, que señalan que las políticas de videovigilancia deben priorizar la protección de los menores y evitar controles disciplinarios encubiertos.
Marco internacional para la protección de datos y derechos del niño
La ADP recuerda que existen instrumentos internacionales que forman parte del marco jurídico dominicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales, y las observaciones de UNESCO y UNICEF sobre vigilancia escolar.
Toda instalación de cámaras debe contar con el consentimiento libre, informado y específico de las familias, docentes y personal administrativo, en cumplimiento con la Ley 172-13 de Protección de Datos de Carácter Personal. La transparencia en estos procesos es fundamental para garantizar la confianza y el respeto mutuo.
Proporcionalidad y análisis de impacto
La ADP enfatizó que la instalación de cámaras debe estar justificada por un diagnóstico de riesgos objetivos y no aplicarse de forma indiscriminada o generalizada. Se recomienda realizar un estudio previo del impacto legal, social y psicológico que estas medidas puedan tener en la comunidad educativa.
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