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Dichas medidas presentadas por el Ministerio Público consisten en 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat, incluyendo impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica. Las razones se fundamentan en pruebas documentales, testimoniales y materiales que, de acuerdo con el expediente, vinculan a los imputados en la toma de decisiones administrativas que dieron paso a la tragedia.
En cuanto a Antonio Espaillat, la fiscalía lo señala como principal responsable administrativo y financiero del club nocturno, argumentando su solicitud en que este presenta peligro de fuga, posible interferencia y destrucción de pruebas relevantes para la investigación, solicitando prisión preventiva consistente en 18 meses.
Entre las acciones claves atribuidas a Maribel Espaillat, el Ministerio Público destaca la obstrucción de la investigación, por realizar acciones con intención de impedir que las informaciones respecto al historial de anomalías salieran a la luz.
De acuerdo con el expediente, se produjo un encuentro el 14 de abril, entre Maribel Espaillat y Gregorio Adames, ex empleado. En dicho encuentro, Maribel cuestionó a Adames de lo que sabía del local advirtiéndole que cualquier declaración comprometedora podría acarrearle una condena de 20 años a su hermano.
La fiscalía ha solicitado que el caso sea declarado complejo, conforme al artículo 369 del Código Procesal Penal, argumentando la cantidad de víctimas, la pluralidad de hechos, y la necesidad de garantizar el buen desarrollo de una investigación que se extiende por múltiples frentes técnicos, administrativos y penales.
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