La magistrada Fátima Veloz, quien conoció la audiencia de medida de coerción, es hija del empresario Ernesto Veloz, reconocido socio del influyente hotelero Frank Rainieri. Este último, según registros societarios, mantiene relaciones comerciales del Grupo PuntaCana con el imputado Antonio Espaillat, lo que ha encendido las alertas sobre un posible conflicto de interés.
El Ministerio Público presentó cargos contra los hermanos Espaillat por su presunta responsabilidad en el siniestro que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, alegando negligencia grave, irregularidades en los permisos de remodelación y fallos estructurales relacionados con la instalación de equipos en la azotea.
Aunque la fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo, la jueza Veloz impuso en su lugar una medida de coerción económica de RD$50 millones para cada imputado, lo que ha generado fuertes críticas entre sectores que demandan justicia por las víctimas.
Organizaciones civiles y juristas han expresado preocupación por la posible influencia de relaciones personales en un caso de alto perfil que ha conmocionado a la opinión pública nacional.
El expediente sigue bajo investigación mientras crece el escrutinio sobre las condiciones en las que se está desarrollando el proceso judicial.
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