Periodistas y autoridades han expresado preocupación ante el uso creciente de la justicia penal para enfrentar casos de difamación, alertando sobre el riesgo que esta práctica termina criminalizando el ejercicio periodístico o alimentando una cultura de chantaje e intimidación desde ambos extremos del debate público.
El vocero del gremio, Elvis Castillo, fue más enfático al considerar que judicializar el oficio crea un clima de miedo y autocensura, lo que afecta directamente la libertad de informar. Dijo que quienes faltan a la ética deben ser sometidos, pero sin arrastrar al periodismo serio.
En medio del debate, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, declaró que en el país se está dando una «ola de difamación pública y presuntos chantajes mediáticos», y anunció investigaciones formales, citando el caso del periodista Fernando Peña, quien negó actuar fuera de los principios éticos que rigen la profesión.
Peña, expresidente del CDP en Santiago, defendió su trayectoria afirmando que en más de 40 años de ejercicio nunca ha sido demandado ni desmentido, y aseguró que se mantiene fiel a la verdad.
El presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, también se sumó a la discusión, denunciando una “prostitución de la opinión pública” que, a su juicio, debe ser enfrentada por las autoridades. Aunque aclaró que defiende la libertad de expresión, lamentó que muchas veces se recurra al irrespeto como forma de presión mediática.
«Cuando a mí me han difamado he tenido que esperar años para ver justicia, pero con eso hay que acabar», afirmó Gómez Mazara, quien respaldó públicamente la postura de la fiscal Ramos.
Juristas consultados advirtieron que, si bien la libertad de expresión está protegida por la Constitución, también hay límites establecidos en la ley, especialmente cuando se vulnera el honor y la dignidad de las personas. La Ley 61-32 sobre Expresión y la Ley 53-07 sobre Delitos Tecnológicos permiten sanciones que incluyen prisión de hasta un año y multas, si la difamación se comete por medios electrónicos.
Tanto comunicadores como autoridades coinciden en la necesidad de fortalecer el ejercicio periodístico, sin que eso implique criminalizar la crítica ni permitir el chantaje como forma de presión o venganza.
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