Según explicó la institución, la señora Santana acudió inicialmente al CONAPE por conflictos familiares relacionados con la propiedad del apartamento, señalando a su hermana, Marianela Santana, de 76 años, como parte del conflicto. Durante el proceso de conciliación, Marianela presentó una copia del título que la acreditaba como propietaria del inmueble en disputa.
Años después, Fiordaliza notificó que había sido objeto de una demanda de desalojo por parte de un tercero que alegaba haber comprado la propiedad. Esta versión fue confirmada por su hermana ante representantes legales del CONAPE.
Desde entonces, el equipo jurídico del organismo ha brindado asesoría legal en las áreas penal, civil e inmobiliaria, representación ante el Abogado del Estado y apoyo ante la Fiscalía Comunitaria de la Carretera Sánchez, donde se interpusieron varias denuncias relacionadas con el caso.
El 14 de mayo de 2025, un analista legal del CONAPE acompañó a la fiscal titular a un descenso al apartamento para verificar las denuncias. Posteriormente, el caso fue remitido a la Fiscalía Especializada contra el Abuso y Maltrato a la Persona Adulta Mayor, adscrita al Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General.
Durante las diligencias, se realizó una visita al domicilio de Marianela Santana, quien afirmó haber sido dueña legítima del inmueble por años y haberlo vendido legalmente. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la fiscalía dictaminó el archivo del expediente.
Desde el enfoque social, CONAPE indicó que la señora Santana ha sido incluida en sus programas de asistencia, recibiendo:
- Raciones alimenticias
- Medicamentos y atención médica especializada
- Una pensión solidaria, otorgada mediante el Decreto No. 859-21
Además, el proceso de desalojo fue detenido por la Resolución No. 584-24 del Abogado del Estado, que declaró su incompetencia para conocer el caso.
En el último trimestre de 2024, se ofreció a la señora Fiordaliza el ingreso voluntario a un centro geriátrico subsidiado por el Estado, propuesta que fue declinada pero que sigue disponible conforme a los protocolos establecidos.
El CONAPE concluyó reafirmando su compromiso con la protección y defensa de los derechos de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, asegurando una atención digna, oportuna y respetuosa, en consonancia con los principios de dignidad humana y libre autodeterminación.
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