La disposición judicial establece una garantía económica de RD$200,000, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país, como respuesta a la querella por difamación e injuria interpuesta por la funcionaria.
La jueza adoptó la decisión luego de conocer la solicitud del Ministerio Público en el marco del proceso. Al finalizar la audiencia, la ministra Raful se retiró del tribunal sin ofrecer declaraciones, mientras que su abogado, Miguel Valerio, expresó moderada satisfacción con la decisión judicial.
Este caso forma parte de un proceso más amplio, en el que también se impusieron medidas cautelares contra Ángel Martínez, coimputado en la misma acusación.
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