Morrison dijo que, al asumir el cargo, revisó el contrato entre Intrant y Dekolor para la emisión de licencias de conducir y notó que el Estado debía subsidiar un servicio que debía ser autosostenible. Al investigar más, encontró tres adendas al contrato sin aprobación del Consejo Directivo. La tercera, firmada en julio de 2024, comprometía al Estado a pagar casi 900 millones de pesos por servicios futuros que no estaban garantizados.
“Ese documento garantiza un pago a futuro, sin saber si realmente esos servicios se van a prestar o en qué cantidad. Es un hecho fáctico que está ahí, aunque no puedo especular sobre las motivaciones del director anterior”, señaló Morrison, quien añadió que, si bien tiene un alto concepto del coronel Randolfo Rijo, director al momento de esa última adenda, corresponde a él ofrecer explicaciones.
En el mismo espacio, Nuria cuestionó si puede hablarse de inocencia cuando existieron sobornos comprobados. Morrison respondió que no podía afirmarlo, pero recordó que la historia internacional de las empresas vinculadas a Dekolor está plagada de acusaciones por sobornos, sugiriendo un “modus operandi”.
La querella
El 4 de julio, Morrison y el Intrant presentaron una querella contra Dekolor, su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña. Los acusan de soborno, lavado de activos, estafa y chantaje electrónico.
Según la denuncia, Dekolor habría ofrecido hasta un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales a funcionarios del Intrant, además de presionarlos para extender un contrato ya vencido, evitando así una nueva licitación.
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