La jornada que comenzó a las 10 de la mañana, los senadores y diputados se concentraron en debatir sobre la definición y tipificación de temas como el secuestro, el arresto ilegal y el abuso de niños, niñas y adolescentes. Para los casos de secuestro y arresto ilegal, la pena acordada será de 30 a 40 años, en tanto que para los abusos contra menores de edad será de 20 a 30 años de reclusión, con sus respectivas multas.
En lo que tiene que ver con las agresiones sexuales entre adultos, las penas serán de uno a dos años, mientras que si involucra a niños, serán de 10 a 20 años, lo que para los legisladores tiene mayor proporcionalidad jurídica.
Un elemento que quedó cerrado de manera definitiva para los congresistas es darle espacio a las tres causales o excepciones para la interrupción del embarazo en el ordenamiento jurídico sin que sean penalizadas, al aprobar tres artículos que mantendrán a la República Dominicana entre los cinco países tienen penas en cualquier escenario para la interrupción del embarazo.
En el caso del aborto, puesto en los artículos 109, 110 y 111 del proyecto, se establece que el “aborto consentido” es cuando una mujer accede voluntariamente a interrumpir su embarazo con asistencia médica, por el cual sancionará al profesional de la salud con una pena de prisión de dos a tres años, como a la mujer que lo permita.
En el escenario de que una mujer se provoque el aborto utilizando brebajes o medicamentos, la ley impondrá una condena de dos a tres años de cárcel, esto bajo el nombre de “aborto autoprocurado”. En lo que se refiere al “aborto forzado”, para la nueva norma será cuando una persona obliga a otra a abortar sin su consentimiento, con una pena de 20 a 30 años de prisión.
Dentro de la propuesta en discusión se plantea una eximente que reza de la manera siguiente; “la interrupción del embarazo practicada por personal de la salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho”.
La comisión tiene todavía que terminar de validar y revisar los artículos que faltan, pero la vocación y proyección que manifiestan los diputados y senadores es que la próxima semana comienzan los debates en el pleno del Senado de la República para concluir 20 años de debate sobre el Código Penal.
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