La decisión fue adoptada por el Consejo Superior del Ministerio Público tras semanas de labores de inteligencia y trabajo coordinado entre múltiples agencias estatales, que permitieron levantar un perfil de riesgo del municipio y detectar redes vinculadas a delitos transnacionales, según dijo la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, citada en un comunicado de la Procuraduría General.
“La operación Atlántico tiene varias fases y va más allá de una simple acción de interdicción. Esta nueva fiscalía permitirá dar seguimiento permanente a los casos y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado”, explicó.
La fiscalía tendrá como funciones centrales la persecución del proxenetismo, la trata y tráfico de personas, la explotación sexual comercial, el tráfico ilícito de migrantes y la venta de drogas narcóticas, delitos que se han identificado como parte del entramado criminal que opera en la zona.
Durante la primera fase de la operación, encabezada por la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Fiscalía de Puerto Plata, se realizaron 29 allanamientos, se intervinieron 12 pensiones con más de 250 habitaciones, y se inspeccionaron 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas, encontrando 174 mujeres —entre ellas seis menores de edad— y 22 hombres, además de armas y otras evidencias.
En esta fase participaron 35 fiscales y más de 500 agentes de instituciones como la DNCD, Policía Nacional, Dirección de Migración, Ejército, CONANI, DINNAF, DEIDE y Politur.
Como parte de la segunda fase del plan, también se contempla la creación de una mesa de coordinación interinstitucional para la seguridad y el desarrollo sostenible de Sosúa, patrullajes mixtos permanentes e interdicciones focalizadas, todo con el objetivo de garantizar una intervención sostenida en la zona.
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