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El Nuevo Código Penal de la República Dominicana entrará en vigencia en 2026

 


El nuevo Código Penal de la República Dominicana, promulgado por el presidente Luis Abinader este domingo, entrará en vigencia dentro de 12 meses. Esto significa que comenzará a aplicarse oficialmente en agosto de 2026, dando tiempo para su implementación efectiva en el sistema judicial.

Este período de transición, conocido como vacatio legis, permite que jueces, fiscales, abogados y ciudadanos se familiaricen con las nuevas disposiciones antes de que tengan fuerza legal.

Vacatio Legis

La vacatio legis se define como el lapso de tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor.

«Este intervalo no es arbitrario; tiene como objetivo dar a los destinatarios de la ley el tiempo necesario para conocerla, comprenderla y prepararse para su cumplimiento», explica el abogado penalista José Meran al periódico Hoy.a

El término proviene del latín y refleja una tradición jurídica que busca equilibrio entre la promulgación de una norma y su aplicación efectiva.

Esta práctica es común en sistemas legales modernos, donde la complejidad de las leyes y su impacto social requieren una transición ordenada.

El nuevo Código

La nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los responsables de incurrir en este delito para ocupar cargos públicos.

La reforma también extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta los 30 años, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

El Código Penal promulgado, además de sancionar, incorpora un enfoque preventivo y resocializador, reconociendo la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre el Estado y toda la sociedad en general.

Esta actualización dota al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, incluyendo la delincuencia organizada, y garantizar la protección efectiva de las víctimas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho.

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