De acuerdo con la acusación, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Gómez Peña captaba fondos ofreciendo rendimientos mensuales de 10 a 11 %, utilizando contratos engañosos de “Administración de Cuenta” que le permitían tomar control total del dinero entregado por las víctimas. Ese capital, en lugar de ser invertido, fue presuntamente desviado para su beneficio personal.
Los depósitos, según el Ministerio Público, se manejaban a través de cuentas personales del imputado y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Cryptopay, entidades que tampoco contaban con las autorizaciones regulatorias para operar en el mercado de valores.
La procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo sostuvo que el expediente contiene un conjunto de pruebas documentales, testimoniales y periciales que vinculan de forma directa a los acusados con las irregularidades, configurando violaciones al artículo 408 del Código Penal, la Ley 249-17 del Mercado de Valores, y la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales, entre otros artículos aplicables.
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