Ambas entidades coincidieron en que el año concluye con serios retrocesos, al señalar como principales responsables a la DICRIM, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional, instituciones señaladas por prácticas de abuso de poder, negligencia, violencia y falta de garantías básicas.
El Conadehu denunció que más de 300 muertes extrajudiciales registradas este año se atribuyen a la DICRIM, además de casos de violaciones sexuales, fallecimientos bajo custodia estatal y desapariciones forzadas, hechos que, según la entidad, contradicen el Estado social y democrático de derecho.
Nelson Gutiérrez, director ejecutivo del organismo, advirtió que persiste un patrón de uso excesivo de la fuerza y represalias, lo que genera un deterioro institucional preocupante. Entre las denuncias recibidas destacan decenas de casos de extranjeros, especialmente haitianos, que aseguran haber sido agredidos por agentes migratorios a lo largo del año.
El Conadehu citó episodios graves como la muerte de Gedilia Lonzandieu, ciudadana haitiana de 36 años, fallecida tras ser apresada en La Vega y llevada al Vacacional de Haina, lugar donde también murió la recién nacida de otra detenida. La entidad atribuyó ambos hechos a presunta negligencia de los encargados del centro.
Asimismo, el organismo documentó la desaparición de Jhosefino, detenida en Villa Altagracia en mayo, quien fue llevada al mismo Vacacional sin que hasta hoy se conozca su paradero, ya que no figura como deportada ni entregada a familiares, configurando, según el informe, una vulneración extrema.
Otro caso alarmante ocurrió en junio con la muerte de Ellen Francés, ciudadana ucraniana-estadounidense de 24 años, cuya autopsia reveló violaciones sexuales mientras estaba recluida en una celda junto a hombres, evidenciando una negligencia criminal, según calificó el Conadehu.
En cuanto a la Policía, el Consejo denunció que múltiples “intercambios de disparos” reportados por la DICRIM serían realmente ejecuciones extrajudiciales, presuntamente vinculadas a una red delictiva interna dirigida por altos oficiales, lo que profundiza la crisis de credibilidad en la institución.
En una evaluación paralela, el Defensor del Pueblo reveló que la salud es el derecho más vulnerado en el país, seguido de la seguridad social, la educación, la integridad personal, el medioambiente y el trabajo, según el Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos.
Pablo Ulloa explicó que madres que pasan noches buscando camas para sus hijos, envejecientes que esperan semanas por procedimientos y trabajadores que se empobrecen por un diagnóstico inesperado son parte de los testimonios que reflejan esta crisis sostenida en el sistema.
El estudio también mostró que el 50% de los encuestados señala a la Policía Nacional como la institución que más vulnera derechos, aunque Ulloa enfatizó que el propósito del señalamiento es fortalecer la institución, no debilitarla, ya que la seguridad es un servicio esencial que debe ejercerse con proporcionalidad y apego a la ley.
El informe identificó como poblaciones más vulnerables a las mujeres, personas envejecientes y ciudadanos con discapacidad, sectores que enfrentan barreras adicionales para acceder a protección, justicia y servicios básicos.
Tanto el Conadehu como el Defensor del Pueblo advirtieron que los hallazgos podrían derivar en acciones legales y recomendaciones formales ante organismos nacionales e internacionales, al asegurar que trabajan en la profundización de expedientes y documentación de los casos más críticos del año.
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