Los informes señalan que al menos tres centros de salud y varios suplidores privados del Seguro Nacional de Salud forman parte de las pesquisas, mientras la Procuraduría mantiene un cronograma de entrevistas que abarca a médicos, exfuncionarios del área y empresarios relacionados al SENASA, una institución con más de RD$15 mil millones en fondos públicos.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso afirmó que, por las evidencias recopiladas, habrá nuevos imputados, resaltando que los procedimientos médicos cuestionados no pudieron ejecutarse sin participación directa de profesionales del sector. Explicó que el caso se judicializa en fases debido a la amplitud de la investigación.
El Ministerio Público también indaga si pacientes pudieron haber fallecido por procedimientos médicos excesivos utilizados para justificar facturaciones fraudulentas, una de las líneas más sensibles del expediente. Reynoso confirmó que ningún acuerdo definitivo ha sido pactado y que todos los involucrados deberán responder según la gravedad de los hecho
Por el caso ya se solicitaron 18 meses de prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja para los 10 arrestados. La Procuraduría reiteró que este expediente es de “altísima prioridad”, asegurando que se perseguirá a todo el que haya tocado recursos del seguro estatal y que el Estado buscará recuperar cada peso desviado.
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