En un comunicado difundido en el marco del balance del año 2025, la entidad sostuvo que la falta de fármacos de alto costo, el desvío de recetas médicas y una gestión deficiente del programa estatal impactaron de forma directa en la supervivencia de pacientes con cáncer.
SODOM denunció que durante gran parte del año no se entregaron medicamentos vitales, mientras inventarios completos vencían sin llegar a los hospitales, situación que obligó a pacientes a esperar tratamientos que nunca llegaron.
“El tiempo nos ha dado la razón”, subraya el gremio médico, al señalar que muchos enfermos perdieron la vida en medio de una lucha desigual contra un sistema que no garantizó su derecho a una atención digna y de calidad.
La organización indicó que fue recurrente el direccionamiento de prescripciones hacia empresas específicas, supuestamente favorecidas por pagos irregulares, mientras las autoridades se limitaban a negar las denuncias sin auditar el programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que maneja fondos millonarios del Estado.
Según el comunicado, las personas hoy imputadas en el caso Senasa “dirigían las indicaciones médicas hacia farmacéuticas que pagaban para ser suplidores”, afectando tanto la salud de los pacientes como el uso transparente de los recursos públicos.
SODOM también vinculó estas prácticas con la crisis financiera y operativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao, al que definió como otra víctima de la corrupción, atrapado en disputas económicas ajenas a la prioridad sanitaria.
El pronunciamiento se produce menos de 24 horas después de que un juez enviara a Najayo a siete de los diez implicados en el caso Senasa, hecho que, según la entidad, confirma la gravedad de las denuncias realizadas durante años.
Pese al impacto del 2025, los oncólogos resaltaron su labor continua en prevención, educación y detección temprana del cáncer, y expresaron su esperanza de que el proceso judicial marque un antes y un después en la supervisión del sistema de salud.
La entidad concluyó con un llamado a que la justicia avance, se fortalezcan los mecanismos de control y el país entre a 2026 con un sistema que priorice la vida por encima de intereses económicos.
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