El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que los agentes actuaron conforme a protocolos de prevención, ya que el conductor no portaba documentos y las pasajeras no tenían identificación física al momento del abordaje. “La zona donde ocurrió el hecho es considerada de alto riesgo, vinculada históricamente a redes de trata de personas y explotación sexual”, señaló Pesqueira, justificando la intervención.
Las jóvenes, reconocidas internacionalmente y residentes en Estados Unidos, denunciaron a través de videos en redes sociales que fueron víctimas de hostilidad y amenazas por parte de los agentes. Relataron que, pese a mostrar imágenes de sus pasaportes en sus teléfonos y comunicarse con su representante, se les exigió descender del vehículo y se les trató con desconfianza.
Según sus testimonios, el incidente ocurrió tras participar en actividades en Santo Domingo relacionadas con la celebración de los 60 años de la firma Óscar de la Renta. Las modelos afirmaron que la patrulla incluso colgó la llamada a su manejador y que la llegada de más agentes, incluyendo un camión policial, generó temor entre ellas.
La Policía Nacional insistió en que la actuación de los agentes respondió a la necesidad de proteger a las pasajeras ante un posible caso de trata de personas. La institución aseguró que no hubo intención de maltrato y que el procedimiento se enmarca en las medidas de seguridad aplicadas en zonas consideradas vulnerables.
El caso ha generado amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, donde se cuestiona el trato recibido por las modelos y se discute la pertinencia de los protocolos aplicados. Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido una investigación transparente para esclarecer lo ocurrido y garantizar que no se repitan situaciones similares.
La Policía Nacional defendió la detención de las cuatro modelos dominicanas en la avenida Duarte como una acción preventiva contra la trata de personas, mientras las afectadas insisten en que fueron víctimas de abuso y hostilidad. El incidente mantiene encendido el debate sobre los límites de los protocolos policiales y el respeto a los derechos ciudadanos.
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