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Puerto Rico convierte en ley proyecto que reconoce al no nacido como persona natural


La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, convirtió este domingo en ley el Proyecto del Senado 504, una controvertida medida que reconoce al no nacido como persona natural y que ha generado rechazo entre amplios sectores, incluidos profesionales de la salud.

La iniciativa, impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y respaldada por senadores conservadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), enmienda el Código Civil para establecer que “el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

Más de 320 médicos y profesionales de la salud habían solicitado a la gobernadora que no firmara el proyecto, al advertir que representa “un riesgo para la vida de mujeres gestantes”. En una carta, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, junto a ginecólogos obstetras, pediatras, neonatólogos, personal de enfermería y académicos de las Escuelas de Medicina, alertaron de que la medida altera de forma sustancial el marco legal vigente y podría tener consecuencias graves sobre la práctica médica y la autonomía de las personas gestantes.

“Bajo esta propuesta legislativa hay escenarios críticos que podrían volverse más peligrosos, como los embarazos ectópicos, hemorragias masivas o desórdenes placentarios que requieren intervención inmediata”, explicó la ginecóloga obstetra Yari Vale Moreno, quien advirtió que la intervención legal de terceros podría retrasa en etapas tempranas del embarazo, donde la nueva disposición podría limitar el acceso a tratamientos que salvan vidas. 

Asimismo, destacaron el impacto en embarazos no viables o con malformaciones letales, al abrir la puerta a que parejas o exparejas interfieran en decisiones médicas necesarias.

El ginecólogo obstetra Alberto de la Vega alertó, por su parte, que la medida podría dar lugar a disputas judiciales prolongadas incluso en casos de violación, donde el agresor intente representar legalmente al feto en contra de la voluntad de la víctima.

Los profesionales de la salud denunciaron además el riesgo de criminalizar pérdidas de embarazo por razones médicas y advirtieron que la ley podría convertirse en una herramienta de control para agresores en situaciones de violencia doméstica.

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