Las medidas fueron ordenadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. En el caso de Gisela González, directora del centro educativo, el tribunal concluyó que no existía prueba alguna que justificara imponer coerción.
La decisión no dejó conforme a la titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, la magistrada Olga Diná, quien adelantó que el Ministerio Público apelará la resolución.
Los abogados de la familia de Stéphora también expresaron su desacuerdo, señalando que, a su juicio, los principales responsables no fueron incluidos por la Fiscalía en la solicitud de coerción, aunque afirmaron respetar el fallo.
La primera audiencia había sido aplazada para este miércoles y permitir que la representación legal de la familia completara documentación pendiente y que la madre de la menor fuera formalmente notificada. Los defensores también alegaron que necesitaban tiempo para revisar el expediente entregado el lunes en horas de la tarde.
El Ministerio Público atribuye a las empleadas imputadas los delitos de homicidio involuntario y negligencia, en relación con las circunstancias que rodearon la muerte de la menor durante la actividad escolar.
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