La audiencia, fijada para este 12 de enero de 2026, estará a cargo del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El magistrado deberá determinar si existen pruebas suficientes para que los imputados enfrenten un juicio de fondo por su presunta responsabilidad en el colapso que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 lesionadas.
El Ministerio Público presentó acusación formal por homicidio involuntario y solicitó la apertura a juicio, alegando negligencias graves en el mantenimiento y las condiciones estructurales del emblemático centro nocturno. La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El equipo acusador está encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. También integran la acusación el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, además de los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
La audiencia preliminar constituye una etapa intermedia del proceso penal. En ella, el juez no dicta condena ni absolución, sino que evalúa la solidez de la acusación para decidir si el caso avanza a juicio de fondo.
Mientras tanto, las familias de las víctimas mantienen viva la exigencia de justicia. A nueve meses de la tragedia, el dolor permanece intacto y la expectativa por una respuesta judicial sigue siendo una demanda central.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares han reiterado que el proceso debe servir no solo para establecer responsabilidades penales y civiles, sino también para sentar precedentes que fortalezcan los controles de seguridad, la supervisión estatal y las sanciones ante hechos de negligencia que ponen en riesgo la vida humana.
Los querellantes han solicitado que se establezcan responsabilidades en ambos ámbitos. En lo penal, piden que los propietarios enfrenten juicio por homicidio involuntario y negligencia grave. En lo civil, reclaman indemnizaciones millonarias por los daños materiales, morales y psicológicos ocasionados a las víctimas y sus familias.
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