La decisión judicial establece para los encartados la obligación de presentación periódica ante las autoridades y la imposición de impedimento de salida del país.
Estas medidas buscan garantizar la vinculación de los imputados al proceso judicial mientras continúan las investigaciones sobre las operaciones financieras de la empresa, que opera los emblemáticos establecimientos Barra Payán y Panadería Payán.
De acuerdo con el expediente presentado por la parte querellante, el fraude ascendería a más de 39.7 millones de pesos. El Ministerio Público y los socios afectados alegan que los administradores incurrieron en un manejo irregular de las ganancias y utilidades de la compañía, afectando el patrimonio común de los accionistas de este tradicional negocio familiar.
La medida de la jueza Veloz surge tras una deliberación en la que se evaluaron las pruebas preliminares sobre el supuesto mal manejo administrativo. Aunque la defensa de los imputados sostuvo durante la audiencia que los hechos no constituían un ilícito penal, el tribunal consideró que existen elementos suficientes para mantener el control judicial sobre los implicados durante la fase de instrucción.
Comercial Barra Payán es una de las marcas más reconocidas en el sector de alimentos en la República Dominicana, por lo que el proceso ha generado una amplia expectativa sobre el futuro administrativo de sus sucursales y la resolución de este conflicto entre socios.
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