Quiroz sostuvo que la iniciativa del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con un presupuesto anual de RD$200 millones, rompe la inercia y el incumplimiento que durante años afectó a las familias con hijos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Sin embargo, el límite por edad y por cupo deja fuera a una parte significativa de la población.
Advirtió que, a partir del inicio formal del programa el 2 de marzo y del registro nacional de familias, la demanda podría desbordar la capacidad anunciada, dejando en evidencia que la cifra de 3,000 beneficiarios resulta insuficiente frente a la magnitud real de la población con TEA en el país.
Recordó que en julio de 2025, durante el espacio “LA Semanal”, el presidente Luis Abinader anunció que dispondría en el presupuesto de 2026 los recursos necesarios para el cumplimiento integral de la ley promulgada en junio de 2023.
En ese sentido, exhortó a que en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, detalle el monto asignado y su alcance.
El periodista también recordó que semanas atrás propuso que parte de los fondos recuperados tras el fraude denunciado contra SeNaSa sean destinados de manera prioritaria a la población con TEA.
Señaló que esa iniciativa podría extenderse a personas con síndrome de Down, parálisis cerebral, enfermedades raras y cáncer infantil, así como al fortalecimiento de hospitales pediátricos en municipios cabeceras, como parte de una política de reparación social y uso transparente de los recursos públicos.
Etapa crucial
La etapa posterior a los 10 años, subrayó, representa nuevos retos e incertidumbres para las familias, especialmente en la preadolescencia, adolescencia y adultez.
“El autismo, como orientan los especialistas, no es una enfermedad, es una condición de por vida. Las soluciones no pueden tener fecha de vencimiento”, expresó.
Quiroz es padre de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 años, en la condición de autismo.
También planteó que el sistema dominicano de seguridad social debe evaluar de manera estructural la situación del TEA, a fin de que las ARS privadas amplíen coberturas y no se generen brechas entre afiliados.
Aunque el programa cuenta con respaldo del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el CONADIS, insistió en que la ley demanda acciones más amplias.
Citó como ejemplo la necesidad urgente de más psiquiatras y neurólogos infantiles, recordando que actualmente las familias deben esperar hasta tres meses para conseguir una cita, con consultas privadas que promedian los RD$5,000, lo que retrasa intervenciones oportunas y eleva la carga económica.
A esto se suma, agregó, la urgencia de fortalecer la formación de maestros en educación inicial y básica, así como garantizar aulas inclusivas con personal preparado.
Señaló que para cientos de familias la falta de adaptación en centros educativos se convierte en un dolor de cabeza constante, ya sea por ausencia de preparación docente o por situaciones en las que niños son retirados bajo el argumento de “falta de adaptación”.
Indicó además que el desafío no termina en la infancia.
El seguimiento en la adultez, el acceso a estudios superiores o técnicos y la inserción laboral siguen siendo grandes vacíos en la política pública, especialmente en los casos de jóvenes con mayores niveles de autonomía que requieren acompañamiento estructurado para integrarse productivamente a la sociedad.
Asimismo, advirtió que los recursos no deben concentrarse únicamente en el Gran Santo Domingo, dada la situación de pobreza y limitada oferta de servicios en provincias del sur y el este del país, y pidió que los prestadores sean debidamente certificados y supervisados periódicamente para garantizar que la calidad de la atención no se vea afectada.
Quiroz agradeció la invitación realizada por el director de SeNaSa, Edward Guzmán, quien lo convocó a una reunión de consulta en la fase de coordinación del programa previo a su anuncio oficial, gesto que calificó como positivo dentro del proceso de diálogo institucional.
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