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Un grupo de Periodistas demandan al Intrant por discriminar a mayores de 65 años en licencias.

 


Un grupo de periodistas ha llevado al Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso de amparo contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), por imponer una renovación de licencias cada dos años a conductores mayores de 65 años, mientras el resto de la población disfruta de un plazo de cuatro. Los demandantes alegan que la medida viola la Constitución y estigmatiza a los adultos mayores como ciudadanos de "segunda categoría".

Los periodistas Héctor Minaya, José Antonio Torres, Christian Oviedo, Leo Corporán y Silvio Cabrera, respaldados por los abogados Alberto Tavárez y Juan de la Rosa, exigen la anulación del artículo 21 del Reglamento de Licencias de Conducir, aprobado en 2019. El polémico apartado reduce arbitrariamente la vigencia del permiso para los mayores de 65 años, sin justificación técnica ni estadística.

¿Discriminación por edad?

Tavárez argumenta que la norma contradice el fallo del Tribunal Constitucional (TC0005-20), emitido en enero de 2020, que prohibió al Intrant establecer restricciones basadas únicamente en la edad. "Es una presunción de ineptitud injustificada", denuncia el jurista, quien recuerda que la Constitución protege expresamente la dignidad y los derechos de las personas mayores (artículos 38, 39 y 57).

Además, subraya una ironía: las estadísticas nacionales revelan que la mayoría de los accidentes viales son causados por conductores jóvenes, no por adultos mayores. Países como Costa Rica ya han implementado sistemas alternativos, como el control por puntos, que evalúan las aptitudes reales de los conductores sin discriminar por edad.

El Intrant bajo la lupa

La demanda también cuestiona que el Intrant ignore el mandato constitucional de promover la integración activa de los adultos mayores. El Tribunal Constitucional ya advirtió que cualquier criterio basado exclusivamente en la edad es inconstitucional, pero el organismo de tránsito mantiene su postura.

Este caso podría sentar un precedente clave para los derechos de más de 1.2 millones de dominicanos mayores de 60 años, según datos oficiales. De prosperar el recurso, el TSA obligaría al Intrant a equiparar los plazos de renovación y eliminar una norma considerada arbitraria y discriminatoria.

Mientras tanto, los demandantes esperan que la justicia les dé la razón y rectifique una política que, en sus palabras, "penaliza la experiencia en lugar de celebrarla".

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