El embarazo adolescente no responde únicamente a decisiones individuales ni a factores biológicos. Detrás de muchos casos existen dinámicas sociales y condiciones de riesgo que pueden exponer a niñas y adolescentes a situaciones de abuso, violencia y vulnerabilidad dentro de sus propios entornos.
Así lo plantea Claudia Saleta, gerente de Incidencia y Educación de Profamilia, quien sostiene que el fenómeno debe analizarse desde una perspectiva social y no únicamente desde las cifras.
"El embarazo adolescente es un fenómeno social y responde a dinámicas sociales", explica.
Entre los factores que identifica como elementos de riesgo menciona la normalización de relaciones entre adultos y menores de edad, una situación que considera preocupante por las implicaciones que tiene sobre niñas y adolescentes
"La normalización de este tipo de abuso, porque es un abuso", afirma.
Explica que cuando este tipo de situaciones comienza a asumirse socialmente como algo habitual o aceptable, aumenta el riesgo de que menores de edad sean expuestas a relaciones desiguales donde existe una diferencia marcada de poder entre un adulto y una adolescente.
"Cuando se normaliza en la sociedad se entiende como algo que ocurre y ya", señala.
Según explica, esa percepción puede incrementar las probabilidades de que niñas y adolescentes enfrenten embarazos donde un adulto sea el responsable.
Otro elemento que, de acuerdo con Saleta, influye en estas situaciones está relacionado con las condiciones económicas y familiares presentes en algunos hogares.
La especialista sostiene que las condiciones de hacinamiento, principalmente en hogares con mayores niveles de pobreza, pueden convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para menores de edad.
"La estructura de los hogares, sobre todo en condiciones de mayor pobreza, tiene una incidencia en las condiciones de hacinamiento en las que viven muchas familias de nuestro país", indica.
Explica que las limitaciones de espacio dentro de algunas viviendas pueden exponer a menores de edad a entornos con menos privacidad y menos mecanismos de protección.
"Todas son condiciones de riesgo para las menores y las adolescentes", sostiene.
Saleta enfatiza que cuando un embarazo adolescente es resultado de una relación entre una menor de edad y un adulto, la situación debe entenderse desde una perspectiva de protección de derechos y no como un hecho normalizado socialmente.
"El embarazo adolescente cuando es producido por un adulto es un abuso que no debe normalizarse", concluye.
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