La expresión tiene su origen en la idea de la «mordaza», un instrumento utilizado históricamente para impedir que una persona hablara. En el ámbito político y jurídico, la metáfora comenzó a emplearse para referirse a leyes que limitan el derecho a expresarse libremente o que pueden generar un efecto de autocensura por el temor a sanciones legales.
Con el paso del tiempo, el término se popularizó en el debate público y en los medios de comunicación para identificar normas consideradas restrictivas de las libertades civiles.
Uno de los casos más conocidos es el de España, donde la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015, fue bautizada por organizaciones de derechos humanos, periodistas y partidos de oposición como la «ley mordaza».
Protestan frente al Tribunal Constitucional para exigir cambios al Código Penal
Sus detractores argumentaron que algunas disposiciones podían limitar el derecho de protesta y la libertad de información mediante sanciones administrativas. Desde entonces, el término ha permanecido ligado al debate político español y ha sido utilizado durante las discusiones sobre su reforma.
Sin embargo, España no es el único país donde se ha utilizado esta expresión. En República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua e incluso algunas normas en Estados Unidos han recibido la misma denominación por parte de sus críticos cuando consideran que restringen derechos fundamentales o dificultan el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información.
Expertos coinciden en que una norma suele ser calificada como «ley mordaza» cuando incorpora sanciones o restricciones que podrían desalentar la crítica al poder, limitar el trabajo periodístico, restringir las manifestaciones públicas o aumentar la censura sobre determinados contenidos.
No obstante, esa denominación no implica necesariamente que la ley haya sido declarada inconstitucional o que, por sí misma, viole derechos fundamentales; se trata de una valoración que forma parte del debate político y jurídico
El nuevo Código Penal ante el Estado social y democrático de derecho
Esa diferencia resulta especialmente importante en el contexto actual del debate sobre el nuevo Código Penal. Diversos sectores han empleado el término para cuestionar artículos relacionados con la difamación, la injuria, las publicaciones en plataformas digitales y otras disposiciones que, a su juicio, podrían afectar la libertad de expresión.
Quienes respaldan el proyecto sostienen, por el contrario, que las normas buscan proteger derechos como el honor, la intimidad y la reputación sin eliminar las garantías constitucionales de libre expresión.
En ese sentido, expertos recuerdan que «ley mordaza» no es una categoría jurídica reconocida, sino una expresión utilizada para describir leyes que generan preocupación sobre el equilibrio entre la seguridad, la protección del honor y las libertades públicas. Su uso dependerá, en gran medida, de cómo sean interpretadas y aplicadas las normas, así como del impacto que tengan sobre el ejercicio de derechos fundamentales en una sociedad democrática.
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