La legislación fue promulgada el 28 de julio del 2025 y debía entrar en vigor a los 180 días de su promulgación, es decir, este miércoles.
Tanto Pimentel como Servio Tulio Castaño Guzmán, de la FINJUS, se refirieron a este mecanismo asegurando que la reformada normativa cuenta con severas sanciones qué tendrán sus efectos en la lucha contra la corrupción «Porque esta ley sin lugar a duda establece un sistema de consecuencia más riguroso que la ley que teníamos, en donde cualquier funcionario que haga inclusive negocios con el Gobierno, que se prepare porque se pone a que los metan preso«, señaló Castaño Guzmán.
Los opositores apoyaron la ley como herramienta que se adiciona al tejido legal de control y persecución de la corrupción.«Muchos entienden que hay algún tipo de exceso en esto de las consecuencias, yo entiendo que cuando usted hace todo bien usted no debe tener miedo, cuando usted hace todo por la ley, cuando usted hace todo de la manera correcta y yo entiendo que esa ley viene a fortalecer nuestro sistema«, así confía la diputada de la Fuerza del Pueblo, Juliana Oneal.
Sin embargo, desde el oficialismo destacaron algunas debilidades del reformado mecanismo de control de las contrataciones públicas.«No se tomaron las medidas para también con los contratistas irresponsables que hay en muchas instituciones, cuando no cumpla puedan también hacerse procesos ágiles para quitar las obras, porque al final eso también es un mecanismo de detener el desarrollo en nuestras comunidades«, aseguró el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara.«Yo tengo 18 hermanos, ninguno de mis hermanos puede negociar con el Estado, están maldito para venderle al Estado, hasta para comprarle, participar en una subasta. \
Yo tengo cuatro yernos y tengo un yerno que es empresario y me dice, suegro, es una maldición que me cayó a mí porque yo no puedo negociar porque soy yerno suyo«, se lamenta el diputado por La Romana, Eugenio Cedeño.
El director de Contrataciones Públicas explicó que, a partir de ahora las sanciones administrativas, éticas y penales que otorga la ley, serán fuertes herramientas para que las instituciones de control estatal actúen contra legisladores y funcionarios que violen la norma y permite al Ministerio Público actuar de oficio.

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